La Junta seguirá pagando ayudas sin justificar pese al fraude de formación
El Consejo de Gobierno se reserva la facultad de eximir a entidades de presentar facturas
el Gobierno andaluz tropieza con la misma piedra después del fraude de los fondos para formación. El Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para el año 2015 faculta al Ejecutivo para seguir pagando «el ciento por ciento» del importe de las subvenciones sin que sus beneficiarios hayan presentado una sola factura que avale el destino del dinero público. El Consejo de Gobierno, «a propuesta de la persona titular del órgano competente», decidirá discrecionalmente qué ayudas serán justificadas con posterioridad a su abono. No tendrá ninguna cortapisa legal. Basta con que argumente «razones de interés público, social, económico o humanitario» —es decir, todas las opciones posibles— para poner en funcionamiento el mecanismo de pago. Ésta es una de las «excepciones a la regla general» que establece el artículo 28 sobre «normas especiales en materia de subvenciones».
Mantener esta excepción legal en la ley presupuestaria es especialmente relevante toda vez que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a que a partir de ahora «no se iba a exonerar nada». Como resultado de una investigación interna que aún no ha concluido, la Consejería de Educación ha constatado un quebranto para las arcas públicas de 17,4 millones de euros correspondientes a 581 expedientes de ayudas sin justificar entre 2007 y 2013. Casi uno de cada tres cursos de formación sobre los que pesaba una resolución firme en el mes de septiembre, tenían que devolver dinero. Recuperar los fondos, tantos años después, no va a ser una tarea fácil: muchas de las empresas a las que se reclaman las ayudas ya se han disuelto y se ha perdido la pista de sus administradores.
Desde principios de la pasada década, sucesivos consejeros de varias departamentos echaron mano de la excepción que contempla la ley por motivos de interés social para que los beneficiarios pudieran acogerse a la siguiente convocatoria de ayudas de formación para el empleo. Aquello constituyó un auténtico coladero y sirvió de caldo de cultivo al fraude: la Junta no discriminaba entre un caso u otro, sino aplicaba exoneraciones por sistema para todas las subvenciones de una convocatoria.
Haciendo borrón y cuenta nueva sobre el caos de los cursos, la presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció otro modelo de formación profesional en Andalucía. En una entrevista concedida a Telecinco el pasado 25 de julio, la también secretaria general del PSOE-A prometía un punto de inflexión. Aseguró que a partir de ahora «no se iba a exonerar nada», de manera que en la comunidad autónoma no se podrá concurrir a convocatorias de subvenciones sin haber justificado previamente las anteriormente recibidas y, en caso de que no estuvieran bien justificadas, se tendrían que devolver.
Díaz se descolgó con estas declaraciones tras conocer el auto de la instructora del fraude de las ayudas a la formación, Mercedes Alaya. La juez acusaba al Gobierno autónomo de conceder 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011 que el año pasado estaban «sin justificar» gracias a las exoneraciones que autorizó la Consejería de Empleo.
El PP pide retirar la norma
La excepción legal no es nueva, pero sí es una novedad que se mantenga esta reserva en la norma después de todo lo que ha pasado. Ya se recogía en los anteriores presupuestos, con la diferencia de que ahora se añade la coletilla de que el Gobierno deberá justificar el pago íntegro de la ayuda «cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario».
Dentro de las 476 enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno andaluz, el Grupo Parlamentario Popular Andaluz pide la eliminación del apartado que da la potestad al Consejo de Gobierno de pagar ayudas sin justificar. También ha solicitado que se cree un registro con las entidades exoneradas.
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 enumera otros tres supuestos en los que «podrá abonarse, en el marco del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, hasta el ciento por ciento del importe de las subvenciones». Se trata de las ayudas concedidas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social, las otorgadas a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y a las corporaciones locales dentro del Plan de Cooperación Municipal.
