A juicio una red que explotaba laboralmente a extranjeras
Las mujeres tenían que dar a los acusados lo que obtenían prestando servicios domésticos
Explotadas hasta saldar su deuda. Las víctimas de una banda dedicada a abusar laboralmente de extranjeras, que será juzgada en Córdoba el próximo 11 de diciembre, jamás llegaron a pensar que la búsqueda de una vida mejor les iba a salir tan cara.
El Ministerio Público, que solicita para cada uno de los tres procesados —se tiene constancia de un cuarto, pero está en paradero desconocido— siete años de prisión, relata que «los inculpados han venido contactando desde Córdoba con mujeres de Paraguay para traerlas a España, facilitándoles los billetes de avión, así como dinero suficiente para poder entrar en territorio nacional», apunta el fiscal. A cambio, las víctimas debían «abonarles importantes cantidades que obtendrían prestando servicios domésticos una vez se encontraran en aquí».
Víctimas desesperadas
De este modo, a principios del año 2010, el integrante de la organización que está ilocalizado contactó con la principal testigo en esta causa, residente en Paraguay, «y le ofreció venir a España para mejorar su precaria situación económica, comprometiéndose a facilitarle pasaporte y billete de avión a cambio de abonarle 4.000 euros». La mujer aceptó «con la esperanza de superar la maltrecha coyuntura en la que se encontraba».
Así, en diciembre del citado año, la denunciante se trasladó a España y una de las acusadas la recogió en Córdoba, percibiendo ésta de la extranjera la cantidad de 800 euros que le había sido facilitada en Paraguay para poder acceder a territorio nacional.
Una vez en Córdoba fue albergada en varios pisos regentados por los procesados, donde tuvo que abonar 140 euros por la estancia, «hasta que después de pagarles a plazos la cantidad de 4.000 euros obtenidos por su trabajo en el servicio doméstico, consiguió desvincularse de los inculpados», recoge el texto de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis párrafos 1 y 2 del Código Penal (CP), que castiga a todo aquel que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea. Todo ello, «con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas», apunta el CP.
Por ello, según la Fiscalía, procede imponer a cada uno de los acusados las penas de siete años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
No es el primer caso de explotación laboral que se da en Córdoba. El pasado mes de julio, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas, dos de ellas trabajadoras y otras dos propietarias de sendos restaurantes, en los que los primeros trabajaban presuntamente sin tener permiso de residencia y sin contrato laboral. Todos eran de nacionalidad pakistaní.
