La Diputación encargó auditar a fondo el Grupo Cinco hace meses
El estudio tiene que dilucidar cómo ha sido la gestión de los proyectos generados
El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba encargó hace varios meses una auditoría del Grupo Cinco, la entidad creada por el PSOE en los años 90 y que es todo un grupo empresarial con mezcla de capital público (la institución provincial y los ayuntamientos) y privado (Cajasur —en la matriz— y accionistas particulares en cada una de las sociedades mercantiles). El estudio, reclamado por el vicepresidente de la institución Salvador Fuentes, pretendía dilucidar cómo se ha gestionado el dinero de la entidad y buscar alternativas viables de futuro.
Las conclusiones tenían que presentarse ante los respectivos órganos de decisión de las empresas que componen para esta entidad de cara a tomar decisiones como qué proyectos mantener y cuáles no. Además, se abogaba por una simplificación y adecuación de la estructura teniendo en cuenta, por ejemplo, que Cinco es, en realidad, un holding compuesto por una matriz y cinco sociedades.
El grupo nació como una iniciativa dedicada para generar suelo urbano industrial en los municipios de la provincia en un momento en el que no había empresas que operaran en ese sector. La participación privada y los intereses políticos llevaron a una ampliación del campo de acción de forma que, durante años, Grupo Cinco (que se subdivide en sociedades territoriales participadas por los municipios) ha promovido suelo residencial, ha construido equipamientos y ha generado una suerte de pequeña Invercaria provincial. Es decir, es una sociedad dedicada a entrar en el capital de empresas.
Según la web de la entidad, hoy están participadas por Cinco las siguientes sociedades: Grapesa (granitos), Rimacor (subproductos de la madera), M5 (audiovisual), Sogitur (turismo), Rabanales 21 (suelo tecnológico), Coforest (una cooperativa que recoge piñas y vende piñones enteros) y DIMA.
De todos estos casos, hay varias empresas sin actividad alguna. Una, Sogitur, ha sido recientemente liquidada ante el hecho de que la Diputación era copropietaria de dos hoteles que daban pérdidas. Grapesa levantó en 2013 su concurso de acreedores y Rabanales 21 lo hizo más recientemente aunque con una situación financiera muy delicada. Rimacor, coparticipada por Abengoa, da beneficios. El de Dima, sin embargo, es un caso verdaderamente curioso. La empresa —propiedad en un 60 por ciento de Grupo Cinco— se llama en realidad Desarrollos Industriales de Málaga y se creó para efectuar proyectos en los márgenes de la autovía de la Costa del Sol. Levantó naves en Antequera (a pesar de que su capital mayoritario es cordobés), que se ofrecen en alquiler, pero su proyecto en Lucena, un centro de servicios avanzados para uno de los polígonos de la zona, nunca llegó a ejecutarse. Cinco, que cerró en 2013 con beneficios de 780 euros, sí ha llevado a cabo centros de servicios empresariales en otras localidades de la provincia.
Procedimiento abierto
El gobierno de la Diputación reconoce que la situación que se ha creado con Grupo Cinco es «altamente incómoda», explica Fuentes. Y no porque la juez Mercedes Alaya haya unido una denuncia de Carlos Baquerín al procedimiento del caso «Enredadera». Ya estábamos en ello, afirma el político popular, «una vez que pusimos orden en los asuntos más urgentes de la gestión de la Diputación». «La juez tendrá toda nuestra colaboración», dijo.
Fuentes reconoce que Cinco se mueve en una situación compleja, a medio camino entre el derecho administrativo y la empresa privada que, se reconoce, es preciso aclarar.
