El exjefe de ADIF cuadruplicó sus «mordidas» a raíz de ser gerente

El principal «imputado» cordobés de la «operación Enredadera», el exresponsable del mantenimiento de ADIF, Enrique Finch, llegó a cuadriplicar las cantidades presuntamente percibidas de las empresas Fitonovo y Fiverde, pagadoras de comisiones a empleados públicos para que cuidaran de sus intereses y que han originado la operación coordinada por la juez de instrucción Mercedes Alaya en diversos puntos del país.

Según los informes del caso que constan en el sumario, y que reproducen la contabilidad de la caja B incautada en los registros de la empresa, a Finch se le asignan pagos por parte de la empresa desde el año 2003 hasta el 2010 de forma ininterrumpida. Los investigadores han dejado por escrito que, en realidad, la sociedad llevaba trabajando de esa manera desde mediados de los 90 con funcionarios públicos de diversas instituciones .

Lo que llama la atención es la cantidad de dinero que supuso el ascenso del imputado, que se encuentra en libertad con cargos tras hacer efectiva la fianza de 250.000 euros que le impuso Mercedes Alaya. Según la hoja de servicios del detenido, facilitada por ADIF, el empleado estaba en la empresa —entonces Renfe— desde agosto del 89 como jefe de Mantenimiento. En 2005, ascendió a gerente de Producción y en 2007 se le recolocó como máximo responsable de Mantenimiento. En 2011, el puesto que ocupa se llama jefe técnico de operaciones aunque en 2012 ya figura como técnico raso. Según la documentación del caso, le constan antecedentes desde mediados de 2010 por un delito de cohecho en Andújar. No se hace referencia a lo que parece que ocurrió: el juez que estudió el caso no le dio validez a las grabaciones que se le aportaron.

El sumario cuenta dos relaciones distintas de pagos sin aclarar si son sumas o de fuentes distintas. La cuestión es que los archivos recopilados aseguran que en 2003 ya percibía 16.762 euros, según el primer extracto, o 44.762, según una carpeta llamada «Escáner», incautada en un registro. En 2004, le constan —según la investigación— 51.000 euros o 72.557, en función del listado que se consulte. Las cantidades anuales se elevan sin solución de continuidad pero dan primer salto en 2005 como responsable de Producción. El primer listado arroja una cifra de 150.000 euros redondos mientras que el segundo ofrece el salto de supuestas mordidas de 107.000 euros.

La llegada del imputado a la gerencia de Mantenimiento es lo que eleva sustancialmente las cantidades hasta números verdaderamente sorprendentes. Tiene cierta lógica que eso pase. Fitonovo —y todas sociedades creadas por sus propietarios para simular competencia en contratos públicos— se dedica a cuestiones propias de este departamento. En 2007, el primero de los listados utilizados por Alaya habla de 150.000 euros mientras la segunda relación asegura que Finch percibió, supuestamente, la cantidad anual de 185.984 euros. El año 2008 no debió irle a la zaga. En la primera relación no aparece abono alguno, pero en la segunda se habña de 186.600 euros. Si la contabilidad es cierta, Finch dejó de percibir dinero en 2010, año que concuerda con sus antecedentes policiales por presunto cohecho.

La cantidad a la que Alaya le da crecibilidad —entre las distintas fuentes utilizadas— es de 1.004.624 millones más dos pagosde 5.984,16 y otro de 15.000 euros que no están contabilizados. Esa es la que utiliza en el auto que llevó a Finch a la cárcel.

Según la investigación, Fitonovo tenía distintas estrategias para «ganarse» a los funcionarios o a sus jefes. En primer lugar, dádivas de menor precio como jamones o viajes, o auténticos dispendios como la adquisición de caballos. La segunda, pagos fijos. Cantidades cerradas que se entregaban a los empleados públicos que colaboraban con sus planes. La última, reservada a los grandes contactos, era la negociación directa de comisiones. Un informe interno asegura que la relativa a un contrato sobre seguridad contra el fuego de las vías de 2008 era del cuatro por ciento. Solamente en el registro de las instalaciones de ADIF en Córdoba, la Guardia Civil se llevó información sobre 85 encargos de la antigua parte de Renfe encargada a la construcción, gestión y mantenimiento de las vías y las estaciones. Los agentes se quedaron con el disco duro del exdirectivo y fueron a los servicios centrales a Madrid a incautarse de sus correos electrónicos.