Agricultura avisa que la ley que va a recurrir la Junta la avala el TC

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avisó ayer a Andalucía de que la Ley de Parques Nacionales que quiere recurrir la Junta, tal y como adelantó ABC, ya responde a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

«Precisamente el Gobierno ha modificado la Ley de Parques Nacionales para adecuarla a una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual dice que es el Estado quien tiene competencias en materia de coordinación, con lo cual es normal que una administración recurra una norma. Ésta lo que hace es adaptar lo que el TC otorga a la Administración General del Estado como competencias», defendió, después de que la consejera andaluza confirmara que la Junta va a recurrir la norma.

Según la ministra, una mejora de la coordinación era «absolutamente necesaria» para una «mejor gestión» de los parques nacionales. «Había una demanda, y a través de esta mejora de coordinación se podrá tener mejor preservados las joyas del patrimonio natural, los parques, que adolecían de esta mejor gestión necesaria a través de la coordinación. Es lo que fuerza esta ley y da respuesta a una sentencia del TC», insistió García Tejerina.

Según la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, la ley que se va a recurrir «invade competencias autonómicas» y, además, «abre la puerta a la especulación».

En declaraciones a los periodistas durante su participación en Madrid en un encuentro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Serrano dijo que la normativa se apropia de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y, en ese sentido señaló que el Constitucional ya dijo anteriormente que «los Parques Nacionales tienen que tener una gestión desde cada comunidad autónoma».

Por otra parte, un vecino de Moguer (Huelva) ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel por llevar a cabo un cambio de uso forestal a agrícola en suelo de especial protección al estar afectado por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. En la sentencia, se le considera responsable de un delito de daños en bien de dominio publico en concurso con un delito de construcción ilegal en zona especialmente protegida y le impone además de la pena de cárcel el pago de una multa de 3.600 euros.