La justicia y el juego perverso

La respuesta a la ausencia de un pacto estatal por la sanidad, la educación y la justicia es muy clara a estas alturas. Controlar la educación es manejar la llave que ideologiza al rebaño social. Regir la salud es jugar con la necesidad más primaria de las personas. Monopolizar el timón de la justicia es dominar la seguridad del poder frente a l imperio de la ley. Tener todos los resortes y cabos bien atados. Son tres argumentos que la crisis, además, ha puesto más en evidencia que nunca. En economía de guerra: política de trinchera, armas arrojadizas y víctimas inocentes. Mientras estas tres materias son lanzadas por la política como gallos de pelea al corral, el ciudadano asiste atónito y enfurecido a su precario funcionamiento. Baldado por los picotazos salvajes de supervivencia que el propio sistema se autoinfringe como el gallo acorralado.

La descentralización de las competencias en materia de justicia, por ejemplo, ha sido perniciosa para esta cenicienta del poder político y que, además, sigue viciada por la componenda que elige a su propio contrapoder. Que el gobierno de los jueces y el presupuesto del sistema judicial siga dependiendo del aparato político particular y no del gestor del interés público es un contrasentido. Un grillete que pretende atenazar el desarrollo de un poder básico en nuestro sistema democrático. Mayor paradoja aún cuando la creación de un juzgado y el nombramiento de su titular dependen de un estamento administrativo, y la construcción de la sede y su dotación material y humana para su funcionamiento, de otro. La traca final llega cuando en ambos niveles se sientan siglas distintas. El perverso juego está servido. La decisión de que un juzgado de comarca tenga o no los refuerzos suficientes para que pueda seguir con garantías la instrucción de un caso que afecta directamente al partido que controla la administración de la justicia ya saben cuál es. Si el afectado es del partido rival, también pueden intuir cuál será la medida a adoptar. Es por ello casi obvio entender que en el mayor caso de corrupción política que se ha dado en Córdoba hasta ahora, y que, salvo para este periódico, está pasando desapercibido, como es el caso del fraude en el manejo millonario de los fondos Miner para la reconversión de zonas mineras como el Valle del Guadiato, se estén dando los síntomas claros de esta perversión. La instrucción va ya por el tercer juez, y por lo que sabemos, no tardará en llegar un cuarto. Se han pedido desde el juzgado por activa y pasiva refuerzos a la Junta, que rechaza tal medida. Solo cabe recordar que está imputada la exalcaldesa socialista de Peñarroya, antigua integrante de la ejecutiva regional (aparato) del PSOE de Griñán y a quien el líder provincial socialista Durán además de no apartar de su responsabilidad como portavoz en el Ayuntamiento, jaleó como una mártir de las cunetas históricas. Ítem más, la señora se empodera y asume que volverá a presentarse a las elecciones.

A escala grande, los interminables ruegos para dotar de más medios al juzgado de Mercedes Alaya, estrategias procesales aparte, auténtico quebradero de cabeza para el partido que tiene las competencias en Andalucía en materia de justicia y sobre cuya financiación y gestión de millones y millones de euros se ciernen unas cuantas macrocausas. Trasladen el patrón a una autonomía del PP.

Ahora, eso sí, en Córdoba, 16 años después, tendremos una Ciudad de la Justicia «de los sentidos» que le costará a la Junta 205 millones de euros a pagar en 25 años. Un edificio soberbio, luminoso y tan «inteligente» que solo cambiará el envoltorio del problema para que nada varíe dentro. Al tiempo.