PSOE e IU se financiaron de forma ilegal en el Ayuntamiento de Sevilla

Se reunían todos los meses en el restaurante Maera de Triana en Sevilla para acordar las mordidas entre los años 2006 y 2009 a cambio de contratos en el Ayuntamiento hispalense. En la comida participaban el que fuera delegado de Vía Pública con el PSOE, Manuel Gómez Lobo, y el empresario de Fitonovo Rafael González Palomo. La empresa apuntaba los pagos en su «contabilidad B» con la anotación «Langostinos Maera». Según revela el sumario del caso Enredadera, cuyo secreto se levantó ayer, «los pagos al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la caja B de Fitonovo de Langostinos Maera, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento». A esto hay que sumar otra entrega acreditada por parte de González Palomo al exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, «que tenía línea directa con el alcalde, con el que hablaba en numerosas ocasiones» estando presente el empresario, según confesó este mismo. Concretamente Castaño le pidió «para la financiación del Partido Socialista 60.000 euros, cantidad que después de negociar quedó reducida a 30.000».

Al PSOE también le gestionó las obras de la sede del partido en el barrio sevillano de Macarena, un caso que el empresario reconoció haber hecho a través de la empresa «instrumental» Klevin después de que Castaño se lo pidiera: «Castaño dijo que con el partido había que colaborar y que él era el encargado, ya que se encontraba en aquel momento en la Agrupación Socialista Macarena, donde se encontraban políticos relevantes» como «el señor Gómez Lobo, Mellet (exdirectivo de Mercasevilla) y el que actualmente es delegado de la Junta de Andalucía, que antes tenía barba y ahora no, y cree que se llamaba Javier González». El actual delegado se llama Javier Fernández y, efectivamente, pertenecía al PSOE. Tan exhaustiva es la investigación que llega a especificar incluso que Francisco Huertas, el conservador del Parque de María Luisa e implicado también en el cobro de comisiones, era amigo «de Alfonso Mir y de Celis (concejal socialista)». Todo esto es lo que afecta al PSOE. Pero también, como ya es conocido, había mordidas para IU.

Tanto en la imputación del ya exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, como en la de su antecesor Antonio Rodrigo Torrijos, la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, expone que ambos habrían intervenido «decisivamente, como dirigentes de IU, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol».

La juez cifra estos pagos en «155.000 euros a la formación IU mediante dos pagos, 70.000 euros el 30 de marzo de 2010 y 85.000 euros el 18 de febrero de 2011». A cambio, el Ayuntamiento habría adjudicado a esta empresa la instalación de césped artificial en once campos de fútbol «adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes» por 6,9 millones de euros «siendo delegado de Juventud y Deportes el miembro de IU José Manuel García».

Alaya sostiene que «los pagos habrían sido recibidos por el inculpado Ruiz Carmona, como así se acreditaría indiciariamente por los archivos de la contabilidad de la caja B de Fitonovo». Y a partir de ahí relata todos los contratos que recibió esta sociedad por parte de IU, entre los que destaca la construcción de un pabellón. La juez les atribuye por todo ello delitos continuados de cohecho, prevaricación y malversación. Pero llama la atención un detalle del sumario: en el caso de IU implica a los políticos de los que dependía el supuesto cobrador. En el caso del PSOE, la frontera la ha puesto de momento en Gómez Lobo.