La Junta frena el desarrollo del litoral hasta después de las municipales
Los ayuntamientos costeros, casi todos en manos del PP, claman contra una medida que paraliza 50.000 viviendas y afecta a 40.000 empleos
Justo cuando se empezaba a notar la reactivación económica y se vislumbra el interés de nuevos grupos inversores por el litoral de la comunidad. Los ayuntamientos de la costa andaluza, la mayoría gobernados por el Partido Popular, están en pie de guerra por la decisión del Gobierno andaluz de mantener la paralización que pesa sobre gran parte de sus espacios urbanizables hasta después de las elecciones municipales. El bloqueo constructor se extiende, según el PP, a unas 50.000 viviendas en estos núcleos, 30.000 de ellas en la provincia de Málaga, la más afectada seguida de puntos de la costa de Granada y Almería.
La Junta de Andalucía debía aprobar hoy viernes el decreto que daba luz verde definitiva al Plan de Protección Litoral, aprobado hace dos años y que obliga a los ayuntamientos a adaptarse al Plan de Ordenación del Terrotorio de Andalucía (POTA), que fijaba una franja de especial protección de 500 metros desde la línea de costa. Se calcula que medio centenar de municipios costeros andaluces no tienen adaptado su urbanismo a esta norma, por lo que su crecimiento se ve ahora limitado.
En todo este tiempo, los ayuntamientos han presentado alegaciones para convencer al Ejecutivo andaluz de que sus proyectos se adaptan pertinentemente a los límites de desarrollo establecidos —no superar el 40 por ciento del territorio o el 30 por ciento de población—, pero la Junta asegura que no ha tenido tiempo de ver todas las alegaciones y que con el fin de alcanzar «mayor consenso» la aprobación se pospone seis meses más, justo a mayo, mes en que se celebrarán las elecciones locales.
La decisión ha pillado a los alcaldes en fuera de juego. Muchos de ellos acudieron hace un mes a Sevilla para estudiar los últimos flecos y desconocían que el decreto volvería a quedar sobre la mesa. Ya no hay tiempo para empezar a construir antes de las elecciones, ya que hasta entonces no se decidirá qué suelos quedarán protegidos y cuáles se verán exentos de la limitación. Y eso que aseguran contar con terrenos e inversores dispuestos a relanzar en este momento el sector de la construcción.
La presidenta de la FAMP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, asegura que los ayuntamientos «son ahora el motor económico» y afirma que la Junta está «torpedeando el crecimiento». Mantiene que la federación ya denunció cuando se presentó el decreto que éste iba a paralizar a muchos municipios «con proyectos que habían pasado todos los trámites urbanísticos». Acusa a la Junta de carecer de impulso político y dice que «parece que trabaja para que las cosas vayan a peor», tras reiterar que no ha habido ningún avance en el último año.
Uno de los puntos más afectados de Andalucía es la localidad granadina de Motril, donde están bloqueadas más de 8.000 nuevas viviendas. Su alcaldesa, Luisa García Chamorro, cree que el aplazamiento supone «el mayor atropello al desarrollo económico y social vivido en la historia de Motril». Los ayuntamientos como el suyo, que no tienen adaptado su urbanismo al POTA, asegura, «estamos atados de pies y manos».
En la costa de Málaga son 11 los municipios afectados. Marbella, la capital y Fuengirola se han librado de las limitaciones al tener su urbanismo adaptado a la norma andaluza. En el resto, el goteo de proyectos afecta a toda la costa en general. De haber salido adelante en este tiempo, se habrían creado unos 40.000 empleos, aseguran en la dirección provincial del PP. En puntos como Manilva están en entredicho 303 viviendas y en la vecina Casares la paralización afecta a 41. Municipios como Torrox tienen proyectadas 3.157 viviendas próximas a la costa, si bien su alcalde ha declinado hacer declaraciones.
En Estepona son más de un millar las viviendas paradas. Su alcalde, José María García Urbano, cree que pasados dos años, «es la Junta la que no ha hecho los deberes y lo lógico hubiera sido liberar esos suelos». En su opinión, la sensación de incertidumbre y de inseguridad jurídica creada está llevando a algunos inversores a plantearse abandonar los proyectos.
Huelva y Cádiz
En Vélez Málaga, las viviendas afectadas son 624. La concejala de Urbanismo, Concepción Labao, asegura que la parálisis no ayuda en nada a un municipio que cuenta con 10.000 desempleados. En el municipio almeriense de Adra, su edil de Medio Ambiente, César Arróniz, admite que el retraso en la aprobación «nos afecta, ya que llevamos dos años en esta situación y ahora otros seis meses más». Mientras, según las fuentes consultadas por ABC, las provincias de Cádiz y Huelva son en las que menor afectación tendrá la parálisis urbanística.
