Los profesores claman a la Junta por una ley que les devuelva la autoridad
Aumenta en la Comunidad el número de conflictos graves entre docentes y padres de alumnos en Primaria, de los cuales 176 son muy graves
La educación sigue siendo una asignatura pendiente para la Junta de Andalucía, según refleja el informe del «Defensor del Profesor» del curso 2013/2014 que presentó ayer el Sindicato del Profesorado Anpe, tras analizar unas dos mil denuncias de docentes. Del total, 176 son considerados casos muy graves —un 3% más respecto al curso anterior—, que refieren problemas tanto de convivencia con padres y alumnos, como relacionados con la Administración —falta de profesorado, contratación de interinos, aumento de la ratio o la supresión de puestos de trabajo, entre otros—.
En cuando a los problemas de convivencia, Anpe alerta que con más frecuencia son los padres o familiares del alumnado los causantes de crear un clima inadecuado para la docencia, con amenazas o coacciones. En este sentido, Anpe ha detectado por segundo año consecutivo un hecho que años atrás no se había registrado, y es que las denuncias en Primaria —43%— superan a las de Secundaria —40%—. «Ahora son los padres con hijos de edades menores los que mantienen actitudes de enfrentamiento, amenazas, injurias y falsas acusaciones sobre el profesorado». Algunos profesores, ante este tipo de situaciones, proponían, al igual que en los centros hospitalarios, dotar a los colegios de vigilancia de seguridad, puesto que estos enfrentamientos acaban con daños materiales en vehículos o «asaltos» a la salida de los colegios.
Pero, ¿por qué esta vuelta de tuercas? La poca consideración social que se tiene a los docentes sería uno de los motivos, que se ha visto agravada, según manifiestan los propios profesores, por las declaraciones realizadas desde la Junta «donde se cuestiona la formación y preparación de los profesionales de la Educación». Otra razón sería la impunidad que perciben los agresores «ante el incumplimiento reiterado de la Norma o ante la imposibilidad de actuar administrativamente contra ellos» y, por último, por la actitud que ante padres conflictivos «mantienen algunos equipos directivos o responsables de Educación», al dejar, como apuntan, «desamparado» al profesor, aunque los hechos que se denuncien no sean ciertos. Esta última, es la que, según Anpe, propicia más denuncias por parte del profesorado.
Por todo esto, Anpe propone el reconocimiento de la figura del profesor como autoridad pública, a través de una Ley de Autoridad, similar a la existente en otras comunidades autónomas —como en Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Aragón o Comunidad Valenciana, entre otras—. De este modo, los hechos constatados por profesores y miembros de la Dirección del centro educativo tendrán un valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, además de conferirles asistencia jurídica y cobertura de responsabilidad civil en caso de conflicto en las aulas. Todo esto ya viene recogido en el artículo 124.3 de la Lomce, aprobado el 30 de diciembre de 2013. No obstante, Anpe considera que este artículo necesita de un desarrollo más profundo y una aplicación real por parte de la Junta andaluza.
Desde la Anpe piden además una mayor dotación por parte de la Junta de medios y recursos humanos de apoyo a los centros educativos y establecer una formación específica para el profesorado para la resolución de conflictos.
