Los vecinos de Mirabueno no se responsabilizan de la Ronda Norte

Los vecinos de Mirabueno se han echado las manos a la cabeza tras las últimas declaraciones del concejal de Urbanismo, Luis Martín. Ante una reclamación judicial de los incumplimientos del promotor, el edil les recordó que quien compra una vivienda se subroga de las cargas de quien vende. Y en este caso las cargas son la Ronda Norte, que cuesta 12 millones de euros.

«Me han llamado un montón de personas cabreadas y muy asustadas con la polvareda que ha levantado este hombre de forma tan negligente con esas palabras tan fuera de lugar que me resultan de una desmesura increíble y, por eso, hemos pedido su dimisión», señaló ayer a este periódico el presidente de la Asociación de Vecinos de la Mancomunidad de Mirabueno, Rafael Valverde.

Por lo pronto, los vecinos de la zona han presentado en el juzgado un contencioso-administrativo contra la Gerencia por su responsabilidad patrimonial «en todo este desaguisado», que se inició cuando «alguien de esas oficinas» contrató el aval para la urbanización y edificación del plan parcial Mirabueno N-1 con Marín-Hillinger y no bajo la responsabilidad de la junta de compensación. El gobierno municipal siempre ha afirmado que se trata de decisiones que se tomaron por anteriores corporaciones. Es decir, cuando gobernaba Izquierda Unida.

En cualquier caso, la mancomunidad de vecinos tiene previsto en breve convocar una junta de presidentes (los representantes de los actuales propietarios) para «tranquilizarlos a todos y dejar bien claro que los vecinos no tenemos responsabilidad alguna en toda esta broma de mal gusto». Y eso significa que ni tienen la culpa de que la Ronda Norte no se haga ni de que la urbanización de la zona esté sin ejecutar, con lo que en ambos casos, muestran claros signos de deterioro.

Según Valverde, hay varias pruebas de ello. En primer lugar, porque si alguna vez hubo algún tipo de responsabilidad en todo este asunto por parte de los propietarios de las casas -en forma de las afecciones registrales de cada finca que sirve para responder de la urbanización-, «eso tiene una vigencia y resulta que hace ya dos años que caducaron», apuntó.