DATOS DE LA PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS
Unas cincuenta personas están imputadas por ocupar viviendas
A estos se suman los 10 del Rey Heredia, que ayer recogieron los escritos de la acusación
Las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de familias que han sido desalojadas se multiplican en la ciudad debido a que los lanzamientos no cesan. Así lo atestiguó ayer el portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Rafael Carmona, que aseguró que ya son 50 los imputados por delitos de usurpación. A estos se suman las diez personas de Acampada Dignidad encausadas por entrar de forma ilegal en el antiguo colegio Rey Heredia, a las que ya se han notificado los escritos de la acusación (Fiscalía y Consistorio).
Carmona hizo estas declaraciones durante la concentración del colectivo ante la Subdelegación del Gobierno con motivo de los actos organizados por la Semana de Lucha por la Dignidad, que concluirá el domingo con una manifestación «en contra de los desahucios y de las imputaciones a familias por ocupar casas», apuntó el portavoz de la plataforma.
Ante las cámaras, Carmona aseguró que «cada vez atendemos a más afectados, atraídos por otros que les han ido informando de las posibilidades de realojo orientadas por Stop Desahucios, o familias que han decidido ocupar por su cuenta, y quieren nuestro respaldo, asesoramiento y ayuda».
En este sentido, el miembro de este colectivo lamentó que «siga existiendo un número tan elevado de viviendas vacías (más de 17.000)» mientras hay miles de personas «sin un techo». Así, afirmó que «no entendemos que se las eche a la calle y no se les dé una alternativa. Será legal pero no moral».
Por todo ello, la plataforma hizo entrega en la Subdelegación de un escrito «en el que pedimos que se modifique el Código Penal y las ocupaciones no sean delitos, sino faltas. Además, demandamos al Gobierno que paralice de una vez los lanzamientos», puso de manifiesto Carmona.
«Los que están cometiendo delitos son los que permiten que las empresas energéticas nos roben miles de millones a los ciudadanos, mantienen leyes contrarias al derecho comunitario, dejan tirados en la calle a las familias con menores de edad, enfermos y mayores», apuntó el portavoz, que añadió que «nosotros sí cumplimos con las Constitución, con la Carta de Derechos Humanos y los acuerdos gubernamentales en materia de vivienda». Por ello, Carmona sentenció: «la ocupación no es un delito, es una obligación. Ni gente sin casas, ni casas sin gente».
La determinación de esta plataforma por defender a los desahuciados es tal que, según avanzó este periódico, gestiona una red de más de cuarenta pisos en Córdoba capital en los que coloca a familias que están sin techo, de tal modo que la organización ejerce de «intermediaria» entre los vecinos sin recursos económicos y sin vivienda y los inmuebles que se han quedado vacíos por impago de sus propietarios o de las empresas promotoras que los construyeron.
La Policía Nacional comenzó sus investigaciones el pasado mes de abril. Fuentes del caso señalaron que «la mayoría de los pisos ocupados pertenecen a los bancos, que por sistema no denuncian el caso, y cuando se trata de viviendas de particulares sí es cierto que se producen más denuncias, pero siempre en el juzgado, no directamente a la Policía, que no puede actuar hasta que el juez dé la orden».
Para ejercer la labor de intermediación, Stop Desahucios dispone de un manual de actuación en el que forma a sus miembros acerca de los métodos más eficaces para realizar la ocupación de inmuebles.
