La Audiencia señala a Rato como «responsable» de las tarjetas B
Apunta que «estaban al margen de la legalidad» y confirma la fianza de tres millones al expresidente de Bankia
La Audiencia Nacional señaló ayer a Rodrigo Rato –el expresidente de Caja Madrid y Bankia entre 2010 y 2012– como «responsable» de la emisión de las tarjetas opacas en el periodo en el que estuvo al frente de las entidades.
El uso de estas tarjetas, con las que 83 exaltos cargos de Caja Madrid primero y Bankia después cargaron 15,2 millones de euros en gastos sin control y sin declarar a Hacienda entre 1999 y 2012, estaba «al margen de cualquier atisbo de legalidad y de espaldas a cualquier tipo de fiscalización» que amparara un uso adecuado.
Así lo afirma un auto de la sala de lo penal, al que ha tenido acceso ABC, que confirma la fianza de tres millones de euros impuesta por el juez Fernando Andreu a Rodrigo Rato, imputado por un supuesto delito de administración desleal continuada al haber «consentido, propiciado y aceptado» el fraude.
Rato recurrió la imposición de la fianza por considerar que no son «ciertas» las conclusiones del magistrado, ya que aún no se ha investigado «absolutamente nada» sobre el origen de la emisión y entrega de las tarjetas B. La sección tercera responde que la medida cautelar procede por «la existencia de plurales indicios de criminalidad», basados en la auditoría y en las declaraciones de varios imputados, entre ellos el propio Rato. El objetivo de la fianza es asegurar su posible responsabilidad pecuniaria en el caso de que sea condenado.
Las investigaciones realizadas hasta la fecha «ponen de relieve que se trata de tarjetas de crédito emitidas al margen del circuito establecido», sin que existiera ningún acuerdo directivo «que soporte la existencia y operativa» de las mismas, señala la resolución judicial. El responsable de la emisión de las tarjetas era, además, el presidente del consejo de administración de la entidad. Un cargo que ocupó Rato entre enero de 2010 y mayo de 2012, periodo en el que se gastaron 2,5 millones de euros. Por esta razón apunta la Audiencia Nacional a la «responsabilidad» de Rato, quien también fue «beneficiario» de las tarjetas.
La Audiencia insiste en que las tarjetas no tenían «habilitación legal de los órganos directivos» ni estaban «amparadas por gastos de representación», según se deduce de las actas de los consejos de administración de Caja Madrid analizadas, en 1994 y 1995, explica el auto. Si fueran un «complemento retributivo, deberían haber sido contabilizadas como tales».
Esta situación es más evidente aún en el caso de Rato, ya que él «poseía otra tarjeta para gastos de representación» debidamente contemplada en los acuerdos del consejo de la entidad.
El uso de las tarjetas era contrario a la ley de Cajas, que fue adaptada en 2011, una cuestión que Rato desconocía según declaró. Esa «ignorancia resulta inexcusable» para el presidente de la entidad, quien también incumplió el deber de vigilar a sus subordinados. La entidad contabilizó estos gastos en «cuentas claramente inapropiadas» para esquivar a los auditores y reguladores, concluye el tribunal.
