INFRAESTRUCTURAS
Urbanismo alega que acabar la Ronda Norte compete a los vecinos de Mirabueno
Martín recuerda a los propietarios que se subrogaron de las obligaciones del promotor cuando compraron las viviendas
La Gerencia Municipal de Urbanismo dio ayer un toque a los vecinos del barrio de Mirabueno que han decidido irse a los tribunales para reclamarle al Ayuntamiento lo que la promotora de los terrenos nunca concluyó, la urbanización de todo el sector. El presidente del organismo municipal, Luis Martín, recordó a los vecinos que «quien compra una vivienda se subroga los compromisos» en el momento de la transmisión, lo que quiere decir que son responsables de las cargas que el sector tiene y que en este caso cuesta aproximadamente unos 13 millones de euros. La empresa que vendió los terrenos es Marín-Hilinguer y hace una semana se decidió su liquidación como consecuencia de la ausencia de un acuerdo entre las empresas acreedoras del concurso en marcha.
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En realidad, lo que el teniente de alcalde de Urbanismo le ha dicho a los vecinos es una transcripción de la legislación al respecto que impide que una casa de una zona que no esté urbanizada en su totalidad cuente con una licencia de primera ocupación. Los anteriores gobiernos municipales decidieron ir dando los permisos por fases y con una serie de condiciones. El incumplimiento de la urbanización completa, dicen los informes municipales, puede conllevar la caducidad de los permisos de ocupación hasta tanto se acabe la Ronda Norte y se culminen los trabajos necesarios.
Pleito judicial
La mancomunidad de vecinos de la zona decidió reclamarle al Consistorio la ejecución de los elementos pendientes en el interior del barrio, que son zonas verdes, una plataforma de conexión con el barrio del Naranjo o cuestiones no visibles como un transformador eléctrico suplementario. En total, cerca de de dos millones de euros. Culpaban al Ayuntamiento de Córdoba por haber tenido que liberar el aval que, en su día, garantizaba la totalidad de las actuaciones en la zona. Aquel aval se contrató en nombre de Marín-Hilinger (propietario casi único del sector) y no bajo la responsabilidad de la junta de compensación. Cajasur, que era la fiadora, perdió el pleito en primera instancia y lo ganó en la revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los vecinos reclamaron en su día la nulidad de la sentencia. Ahora piden que Urbanismo se convierta en responsable patrimonial de esa sentencia ya que consideran que realizó una gestión muy deficiente.
Con la ley urbanística en la mano, esas licencias de primera ocupación nunca tendría que haberse firmado y su aprobación ha generado protestas de promotores tan heterodoxos como Rafael Gómez. En 2005, el consejo rector aprobó de forma expresa no seguir otorgándolas ante posibles reclamaciones judiciales de futuro. IU incumplió su propia palabra posteriormente, en 2009, y permitió la entrada de los vecinos a sus viviendas y el enganche de servicios para no perjudicarlos. Entonces, ni se planteaba que el problema llegase a tener este cariz. Los responsables de Urbanismo en esa etapa aseguraban que las personas que habían adquirido las casas de Mirabueno no eran responsables de lo que había pasado con su promotor. Los vecinos siempre han asegurado que las cargas urbanísticas del sector no figuraban en las escrituras de propiedad y que, por ende, no les competen.
Las posibilidades
Los dictámenes internos de la Gerencia de Urbanismo eran verdaderamente horrendos para los vecinos. Aseguraban que el consejo rector tenía la posibilidad de renovar lo concedido y prohibir el uso de lo construido sin posibilidades de indemnizaciones por parte de los vecinos. Teniendo en cuenta que en la zona existen unas 400 viviendas, se trataría de un problema social que Urbanismo siempre ha intentado dar de lado. Ningún político que quisiera seguir en el cargo daría ese paso.
La Gerencia de Urbanismo ha encargado a sus abogados que estudien qué pasa ahora que Marín-Hilinger se liquida sin que exista el reconocimiento de deuda real. Urbanismo reclamó a cada uno de los miembros de la junta de compensación, donde la promotora tiene la mayoría. Martín aseguró ayer que este asunto se va a tener que dilucidar en los tribunales aunque las fuentes legales consultadas son firmes. El Consistorio solamente tiene reconocida una deuda con la empresa de 600.000 euros y, a estas alturas del procedimiento, ya no cabe sumar nuevas obligaciones de pago.
El PP, en cualquier caso, se cura en salud. Asegura que todas las decisiones se adoptaron antes de que esta corporación municipal tomara posesión. Que, cuando llegaron al poder en 2011, la Ronda Norte y los incumplimientos, como el dinosaurio del cuento de Monterroso, ya estaban ahí .
