La cifra de imputados por ocupar pisos asciende a medio centenar

Las ocupaciones de viviendas por parte de familias que han sido desalojadas se multiplican en la ciudad debido a que los lanzamientos no cesan. Así lo atestiguó ayer el portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Rafael Carmona, que aseguró que ya son 50 los imputados por delitos de usurpación. A estos se suman las diez personas de Acampada Dignidad encausadas por entrar de forma ilegal en el antiguo colegio Rey Heredia, a las que ya se han notificado los escritos de la acusación (Fiscalía y Consistorio).

Carmona hizo estas declaraciones durante la concentración del colectivo ante la Subdelegación del Gobierno con motivo de los actos organizados por la Semana de Lucha por la Dignidad, que concluirá el domingo con una manifestación «en contra de los desahucios y de las imputaciones a familias por ocupar casas», apuntó el portavoz de la plataforma.

Ante las cámaras, Carmona aseguró que «cada vez atendemos a más afectados, atraídos por otros que les han ido informando de las posibilidades de realojo orientadas por Stop Desahucios, o familias que han decidido ocupar por su cuenta, y quieren nuestro respaldo, asesoramiento y ayuda».

En este sentido, el miembro de este colectivo lamentó que «siga existiendo un número tan elevado de viviendas vacías (más de 17.000) mientras hay miles de personas sin un techo». Así, afirmó que «no entendemos que se las eche a la calle y no se les dé una alternativa. Será legal, pero no moral».

Por todo ello, la plataforma hizo entrega en la Subdelegación de un escrito «en el que pedimos que se modifique el Código Penal y las ocupaciones no sean delitos, sino faltas. Además, demandamos al Gobierno que paralice de una vez los lanzamientos», puso de manifiesto Carmona.

«Los que están cometiendo delitos son los que permiten que las empresas energéticas nos roben miles de millones a los ciudadanos, mantienen leyes contrarias al derecho comunitario, dejan tirados en la calle a las familias con menores de edad, enfermos y mayores», apuntó el portavoz, que añadió que «nosotros sí cumplimos con las Constitución, con la Carta de Derechos Humanos y los acuerdos gubernamentales en materia de vivienda y derechos humanos». Por ello, Carmona sentenció: «la ocupación no es un delito, es una obligación. Ni gente sin casas, ni casas sin gente».