Las tasas judiciales recaudan más de 5 millones en año y medio
La mayoría de operadores jurídicos rechazan la ley y exigen su derogación
Desde su aprobación hace ya dos años, la Ley de Tasas Judiciales, que se ha granjeado el rechazo de la mayoría de operadores jurídicos —especialmente de la abogacía—, ha logrado recaudar en Córdoba un total de 5,11 millones de euros desde diciembre de 2012 hasta julio del presente ejercicio. Así aparece reflejado en una respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del grupo socialista Miguel Ángel Heredia sobre los ingresos por este concepto. A nivel nacional, la cuantía asciende a 512 millones de euros. Madrid encabeza la recaudación por comunidades con 139 millones, seguida de Cataluña con 96 millones y Andalucía, con 54 millones.
En Córdoba, durante el mes de diciembre de 2012 solo se percibieron 71.000 euros por tasas, mientras que el año pasado se ingresaron 3,2 millones por este tributo. Entre enero y julio de 2014, la cantidad ya ascendió a más de 1,8 millones de euros.
La ley de la discordia ha generado y sigue creando confusión. Básicamente, contempla dos cantidades: una fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio (una reclamación a un vecino moroso) y los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal, el interés económico del pleito. Los beneficiarios de la justicia gratuita están exentos de estos pagos.
Nada en Justicia
La cantidad recaudada por las tasas judiciales va destinada al Ministerio de Economía y Hacienda al tratarse de un tributo con motivo del principio de «unidad de caja» del Estado, aunque las voces en contra recalcan que podrían haber sido reguladas como una tasa finalista e ir a parar a la Administración del ramo.
Al Gobierno central se le critica el hecho de que no ha revertido en Justicia ni un euro de lo que recauda en ella. La tasa no se recupera salvo que se reconozca en la condena en costas, se acuerde antes del litigio o se reúnan varios procesos en uno y, de este modo, se ahorre alguna exacción.
El colectivo de letrados, encabezados por el Consejo General de la Abogacía, ha exigido la supresión de la norma desde su entrada en vigor. Argumenta su demanda en que la ley «consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos». De este modo, estos profesionales califican las tasas judiciales de «inconstitucionales, injustas y desproporcionadas».
Transcurrido dos años desde la publicación en el BOE, el efecto disuasorio para los ciudadanos «ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y, sin embargo, no se ha recaudado lo previsto». Los abogados señalan que «se desconoce el destino de lo ingresado en un año y medio, que no se ha invertido, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en la materia».
En cuanto a la pretendida reducción de la litigiosidad, el presidente de la Audiencia en funciones, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, apuntó que «en absoluto han bajado los litigios». En este sentido, y en declaraciones a ABC, manifestó que «a esta altura del año, ya se han registrado en la Audiencia los mismos asuntos que en todo el año 2013, y el incremento ha sido tanto en Penal como en Civil, donde precisamente se pagan tasas».
Para el máximo representante de este tribunal provincial, «no pueden establecerse tasas excesivas, y menos aún hacerse de modo universal, de tal manera que venga a pagar la misma tasa un particular de economía modesta que una potente compañía de seguros o una entidad bancaria, cuando éstas dos son precisamente las que más usan el servicio público de la Justicia».
