El fin de la renta antigua afectará a más de 2.000 comercios

Negros nubarrones se ciernen sobre un importante número de tiendas y establecimientos de hostelería a partir del 1 de enero de 2015 cuando expira la moratoria de 20 años otorgada por una ley de 1994, de modo que todos los locales comerciales con contratos anteriores a 1985 tendrán que renegociar sus alquileres a precios actuales, lo que pone en peligro su continuidad. Según cálculos de los empresarios y el PSOE, la cifra de negocios afectados en Córdoba por este hecho asciende a 2.000, mientras que los empleos que pueden perderse llegan a unos 6.000. Las zonas con más establecimientos perjudicados se encuentran en los cuatro centros comerciales abiertos de la capital (Centro, Ciudad Jardín, Santa Rosa-Valdeolleros y La Viñuela).

Representantes del PSOE provincial se reunieron ayer en la sede socialista para tratar esta problemática con dirigentes de Comercio Córdoba, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de Córdoba (CEAT). Todos los presentes pusieron de manifiesto los problemas que pueden encontrarse los pequeños comerciantes y hosteleros debido al encarecimiento de los alquileres de los locales y al hecho de que la ley da potestad a los propietarios a negarse a renegociar el arrendamiento, lo que pondría fin a negocios de más de 30 años de existencia.

El vicepresidente de Comercio Córdoba, Manuel Blasco, señaló que «el 99 por ciento de los empresarios que se vean obligados a trasladarse a otro espacio más barato para seguir desarrollando su actividad no lo van a conseguir porque la situación económica continúa siendo muy complicada y los bancos no dan facilidades para la financiación». «El autónomo está abocado a la desaparición si no cambian las cosas», recalcó. En este sentido, el también presidente de Centro Córdoba recordó que otra consecuencia es que serán los propios trabajadores los que retomen la actividad en otro local con la indemnización por despido que consigan, como ha ocurrido recientemente con Los Guillermos y con Orga.

Por su parte, el vicepresidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, prevé «un colapso en la economía española» si no se modifica la ley. Este dirigente empresarial indicó que la mayoría de los comercios afectados son regentados por personas de entre 47 y 63 años que «ahora ven peligrar su jubilación». «Confío en que el Gobierno sea consciente de todo lo que se avecina y rectifique», agregó Amor.

El secretario provincial del PSOE, Juan Pablo Durán, apuntó que su formación apoya la propuesta ya que busca «un punto de equilibrio entre los propietarios y los inquilinos». Esta oferta se basa en una moratoria de otros cinco años mientras se alcanza un acuerdo que pasaría por un aumento inmediato del 30 por ciento de los alquileres y una subida anual de los mismos conforme al mercado de cada momento en la próxima década.