LA FISCALÍA GENERAL CORRIGE EL RUMBO
El respaldo casi unánime a la querella contra Mas pone las cosas en su sitio en el Ministerio Público, una institución jerarquizada e imprescindible para el Estado de Derecho
LA Junta de Fiscales de Sala apoyó ayer la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra Artur Mas y otros miembros de su gabinete por delitos cometidos con motivo del 9-N, como los de desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación. El respaldo fue casi unánime y pone las cosas en su sitio dentro del Ministerio Fiscal, una institución organizada en torno a la jerarquía interna y la unidad de actuación, principios que –lejos de ser perjudiciales para su funcionamiento– garantizan la coherencia de un órgano imprescindible para el Estado de Derecho.
Torres-Dulce ha sabido gestionar este episodio, porque no era fácil prever tan amplio apoyo en un órgano consultivo formado por fiscales con amplia experiencia y trayectorias muy diversas. Esta recuperación por la Fiscalía de la autoridad perdida debe traducirse urgentemente en la presentación de la querella anunciada ante el Tribunal Superior de Cataluña. Cuanto antes y mejor funcione la Fiscalía, más rápidamente se corregirán los graves errores de las últimas semanas. A partir del momento en que la querella entre en el registro del TSJ de Cataluña, ya serán sus magistrados los que tengan la última palabra, pero el Ministerio Fiscal podrá decir que, aun tarde, ha hecho lo que tenía que hacer.
Esos magistrados tendrán en cuenta, sin duda, la oposición de la Fiscalía catalana a la presentación de la querella ordenada por Torres-Dulce, y por eso habrá que prepararse para conocer resoluciones judiciales «sensibles» a la oportunidad –o inoportunidad– política y social de la acción emprendida por la Fiscalía General. El caso Atutxa es un precedente de esa especial percepción que tienen a veces los jueces locales con el nacionalismo gobernante cuando tienen que juzgar a sus dirigentes. Ahora que tanto se debate sobre la impunidad que dan los aforamientos a los políticos, quizá sea oportuno plantear que los presidentes autonómicos sean juzgados por el Supremo cuando sus delitos afecten al interés nacional, como la desobediencia al Tribunal Constitucional, aunque se cometan en su comunidad.
La Junta de Fiscales de Sala de ayer, como dijimos en el editorial del pasado martes, era la oportunidad que tenía la Fiscalía para reconducir un rumbo equivocado, y la ha aprovechado. Sin embargo, el apoyo al fiscal general no hace olvidar la crisis provocada por los fiscales de Cataluña en un asunto de máxima gravedad para el Estado. Torres-Dulce, con el respaldo eficaz de la Secretaría Técnica, tiene todo a favor para cerrar esa crisis con autoridad, y esto es lo que ahora se espera de él.
