Los okupas de Antonio Maura dicen «no» a un piso de la Junta

«Estamos negociando con ellos una salida». La entidad bancaria dueña del bloque de pisos del número 51 de la calle Antonio Maura lleva semanas en conversaciones con las familias que han ocupado algunas de las once viviendas que existen en él, a las que hay que sumar un local en la planta baja que no ha sido forzado. Fuentes de la firma financiera confirmaron ayer a este periódico que el bloque se convirtió en su propiedad una vez que la promotora originaria dejó de atender los pagos al préstamo que solicitó para costear la construcción de los pisos. «El bloque estaba casi terminado, y sobre comienzos del mes de octubre vimos cómo unas familias lo ocupaban así por las buenas y sin ponerse en contacto con nosotros», añadieron las mismas fuentes.

¿En qué se concretan las negociaciones del banco con los okupas? «La prioridad es buscar una solución pactada, una salida a estas familias», precisaron las mismas fuentes, que lamentaron que los inquilinos por la fuerza del número 51 de Antonio Maura no lo ponen sencillo. «Frente a lo que pueda parecer, no se trata de familias que se encuentren sin recursos, que no tengan nada... No, son personas con un cierto nivel adquisitivo que podrían vivir en otra zona de la ciudad, pero que prefieren vivir en un sitio como Ciudad Jardín, que es más céntrico, más integrado...», se extendió el portavoz de la entidad bancaria propietaria del edificio.

El hecho es que, según este mismo interlocutor, estas familias «no han puesto mucho interés» por el ofrecimiento que le ha realizado en los últimos días el representante de una empresa subcontratada por la firma financiera para que se marchen a los pisos de los que dispone la Junta de Andalucía para personas en situación de exclusión social. La firma subsidiaria le ha planteado a los okupas ejercer de mediador ante la Administración autonómica para facilitar los trámites necesarios para que le proporcione un techo a un coste mínimo o sin él.

Esta actitud supone, a juicio de las fuentes consultadas, una muestra más del talante «poco colaborador de estas familias», que ya han sido denunciadas en el juzgado por la firma financiera y por los vecinos, que han mostrado de forma pública su queja por la inseguridad que les genera compartir tabique con los okupas. Los inquilinos por la fuerza tampoco se han quedado con los brazos cruzados, porque han denunciado a la Policía Local por la manera en la que los agentes les trataron cuando fueron desalojados del inmueble a los pocos días de haberlo hecho suyo por las bravas.

Estas familias, que están asesoradas por Stop Desahucios, relataron a ABC que «hemos vivido una auténtica pesadilla» en los últimos cuatro días. El motivo es la actuación de un grupo de «entre diez y doce agentes de la Policía Local» que en dos ocasiones acudieron «en cinco vehículos» al bloque para «amenazarnos de muerte» y «con molernos a palos abriéndonos la cabeza» si no desalojaban las viviendas, según relató Francisco Cortés, uno de los okupas junto a varios miembros de su familia.

«A uno de nosotros le llegaron a encañonar en la cabeza con una pistola», relata, además de «actuar como auténticos mafiosos» a sabiendas de que hay niños, cuatro mujeres embarazadas y gente que está «delicada del corazón» en el grupo. Por este motivo, las doce familias llegaron a acudir al Ayuntamiento a denunciar esta actitud que «nos obligó, incluso, a llamar con urgencia a la Policía Nacional, porque temíamos por nuestras vidas».