Mercasevilla: el fiscal pide cárcel para el edil de la mariscada

La Fiscalía de Sevilla ha pedido dos años de prisión y ocho años de inhabilitación como cargo público para Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, por su participación en el presunto concurso «fraudulento» para la venta de suelos de Mercasevilla. Según la investigación de la Juez Mercedes Alaya, cargos públicos y técnicos municipales amañaron el concurso de la mayor operación de venta de suelo de propiedad pública en la capital andaluza en los últimos años. En esta presunta irregular operación urbanística está también implicado el exdirector de la lonja Fernando Mellet; Gonzalo Crespo, exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla; y Domingo Enrique Castaño, que fuera asesor del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, entre otros. La Fiscalía entiende que cometieron un delito de fraude y exacciones ilegales, y Fernando Mellet de prevaricación, por lo que solicita que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma, filial del grupo Sando. En su escrito al juzgado de Mercedes Alaya, la Fiscalía recuerda el proceso de venta de los terrenos entre 2003 y 2006.

Ante la resistencia al modo de adjudicación directa que encontraron en el Consejo de Administración de Mercasevilla, los acusados convencieron a los demás miembros de que al menos el sistema de venta fuera de concurso y no de subasta. Con mediación de técnicos internos y externos confeccionaron el pliego de condiciones «a la medida de los intereses de Sando». Los acusados habrían informado a la constructora «que el concurso les sería adjudicado». Al concurso acudieron ocho empresas que ofrecieron cifras iguales o muy próximas a 105 millones de euros, salvo Noga, que ofertó un precio de más de 158 millones y la empresa Landscape, que ofertó un precio de compra de 115 millones. La Mesa de Contratación penalizó a Noga a pesar de ofrecer la oferta económica más ventajosa para la lonja pública y eso suponía perder 50 millones de euros. La comisión ejecutiva en febrero de 2006 adjudica los terrenos a Sanma.

La Fiscalía señala que en la venta pactada de los terrenos de Mercasevilla se produjo un delito de fraude y exacciones ilegales, por lo que pide para seis de los acusados pena de dos años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Para los cooperadores pide pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para contratar con entidades públicas durante el tiempo de la condena. Además, la Fiscalía entiende que hay delito de prevaricación, por lo que pide para Mellet, como autor, una pena de inhabilitación especial durante nueve años, lo mismo que para el empresario Luis Sánchez Manzano como cooperador necesario.