PLAN URGENTE CONTRA LA CORRUPCIÓN

La dimensión del problema es tal que hay que avanzar en una reforma integral del ordenamiento jurídico para prevenir, no solo castigar, la corrupción

LA investigación sobre la trama de corrupción descubierta por la operación Púnica está desvelando prácticas de auténtica rapiña sobre los fondos públicos. A los implicados en esta trama no les bastaba con cobrar comisiones. En algunos de los ayuntamientos de esta red, se llegaron a encargar auditorías que nunca se realizaban, pero sí se pagaban con fondos que luego se repartían entre unos y otros. Algo parecido hicieron con los derechos de los grupos musicales que contrataban los consistorios para sus fiestas locales. En definitiva, todo un cuadro de depredadores que no tuvieron reparo alguno en implantar un sistema metódico de saqueo de fondos públicos, en el que las instituciones representativas, los contratos públicos, los servicios a los ciudadanos, las competencias municipales y toda la estructura administrativa puesta al servicio de los intereses sociales fueron transformados en piezas de una maquinaria de latrocinio a gran escala. La gravedad de la operación Púnica, como la de los ERE falsos de Andalucía o de la trama Gürtel, demuestra que la corrupción se asienta en unas organizaciones complejas y extendidas, que solo dan la cara cuando ha pasado mucho tiempo y sus integrantes pierden la cautela, confiados en la impunidad que creían tener por sus cargos o relaciones políticas. Ya no se trata del cohecho aislado de un funcionario y de sus vínculos con una determinada empresa. España se enfrenta a una corrupción industrializada, infiltrada en casi todos los niveles de las administraciones, principalmente la autonómica y la local.

La dimensión del problema es tal que no puede ser asimilado eficazmente por fiscales, jueces y policías. Hay que avanzar en una reforma integral del ordenamiento jurídico para prevenir, no solo castigar, la corrupción. Las medidas parciales no surten efecto. La estructura administrativa del Estado es tan compleja que facilita la corrupción, porque pone mucha distancia entre el corrupto y cualquier mecanismo eficaz de inspección superior. Demasiado poder económico –por ejemplo, urbanismo y contratación– disperso en demasiados, realmente miles, ayuntamientos. La legislación procesal debe permitir que se juzguen las tramas en piezas separadas, para evitar el gigantismo de algunas investigaciones, como la de los ERE de Andalucía, que puede sucumbir a su peso desmesurado y, sobre todo, a las dilaciones de su tramitación, que constitucionalmente no pueden perjudicar a los imputados. Son solo ejemplos de santuarios que la propia legislación ofrece a los corruptos y que no sería difícil conjurar con unas reformas valientes y necesarias, que dependen, principalmente, del sentido de la responsabilidad de los partidos, responsables de este estado de cosas, por acción o por omisión, por elegir a las personas equivocadas o por no vigilarlas.