La Junta prepara una ley que unifica la FP reglada con los cursos para parados
El anteproyecto prevé alternar clases con prácticas en empresas y endurece la concesión de ayudas formativas
La Formación Profesional sigue sin encontrar su sitio dentro del sistema educativo. Tras varias reformas, la última este año con la aplicación de la Lomce, esta etapa inicial de cualificación sigue sin avanzar lo suficiente. Por ello, la Consejería de Educación ha ideado un anteproyecto de ley que en estos momentos se está perfilando y que recoge, entre otras medidas, la unificación de la FP Inicial, o reglada (dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años), y de la Formación para el Empleo u Ocupacional (dirigida a la población activa, tanto ocupada como desempleada).
En el curso 2014/15 han sido 1.072 alumnos los que han formalizado su matrícula en el primer curso de la nueva Formación Profesional Básica, un 5% menos de los que lo hicieron en su predecesor, el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La incertidumbre hasta última hora por parte del Gobierno central y la reticencia de la Junta a aplicar esta nueva normativa ha contribuido de forma determinante a la caída en el número de estudiantes matriculados.
Inserción laboral
La inserción en el mercado laboral de estos alumnos es otro de los problemas actuales de un ciclo educativo que debería tener un perfil mucho más enfocado al tejido industrial. Debido a ello, el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional de Andalucía propone una mayor implicación de las empresas tanto en la organización de las acciones formativas como en la contratación de las personas acreditadas. Es más, la normativa recoge la posibilidad de una formación dual o de alternancia para combinar las clases presenciales con la realización de prácticas en empresas desde los primeros cursos.
Mucho más preocupante es la situación de la Formación para el Empleo u Ocupacional. Mientras que en 2013 un total de 2.404 cordobeses accedieron a estos cursos, en 2014 —a falta de poco más de un mes para su conclusión— apenas 1.200 estudiantes han participado en alguna de sus modalidades. El nuevo reglamento también endurece los criterios para los centros privados que quieran optar a subvenciones de la Junta para impartirla, dada la polémica abierta con las irregularidades investigadas por los juzgados. La concesión de estas ayudas a centros privados y de otras administraciones se realizará mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva y con las siguientes condiciones: tener autonomía financiera suficiente, acreditar un funcionamiento ordinario adecuado, poseer experiencia previa formativa reconocida y contar con un plan permanente de calidad.
Áreas geográficas
Asimismo, la Consejería tiene previsto crear una red de centros propios e integrados que incluirán actividades concretas tanto de la FP Inicial como de la Ocupacional, compartiendo ambos el profesorado, que ya no estará adscrito a un centro sino a un área geográfica. Hasta el momento, sólo el 15% de estas acciones formativas derivan en la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad. Uno de los objetivos de la nueva Ley es incrementar este porcentaje hasta acercarlo al cien por cien. Para consolidar este procedimiento de acreditación de competencias, la Junta establecerá unas tasas que los alumnos deberán pagar para su obtención.
En cuanto a la oferta formativa, el encargado de su elaboración será el Consejo Andaluz de Formación Profesional, formado por miembros del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, el Servicio Andaluz de Empleo, las entidades sociales más significativas y aquellas Consejerías con competencias en formación. Además, como novedad entran a formar parte las corporaciones locales, los agentes de economía social más representativos y las organizaciones de centros de formación profesional.
