Vidas en paradero desconocido
Cada año se denuncian en Córdoba más de 300 desapariciones; la mayoría suelen ser voluntarias, pero hay otras inquietantes que no llegan a resolverse
Una cámara de seguridad grabó su caminar turbado por la calle San Fernando, en dirección al río, la madrugada del pasado 30 de enero. Fue la última vez que se vio con vida a Fuensanta Roldán, la anciana de 76 años en paradero desconocido desde hace ya cerca de diez meses. Su desaparición es una de las más de 300 que cada año se denuncian en la ciudad.
Según fuentes consultadas, el Cuerpo Nacional de Policía, encargado de investigar este tipo de sucesos en la capital, resuelve la mayor parte de los casos en un breve espacio de tiempo, incluso el mismo día, bien por reintegro voluntario de la persona, bien por ser contactada por sus familias o por resultar fructuosas las gestiones practicadas por los agentes.
En la provincia, el Instituto Armado también cuenta con un elevado índice de resolución. A lo largo del pasado ejercicio, la Guardia Civil tuvo constancia de la desaparición de 71 personas. De ellas, 47 eran menores de edad (28 ingresados en centros de internamiento, de los que 14 no volvieron). El resto, 24, eran mayores: 19 se habían marchado voluntariamente; tres tenían algún tipo de trastorno que se desorientaron, y dos personas fueron finalmente localizadas cadáver: una de avanzada edad y otra con motivo de un accidente de circulación.
En el año actual, las denuncias presentadas ante la Benemérita ascienden a 65, de las que 40 corresponden a infantes (23 se escaparon de centros de internamiento) y 25 se refieren a cordobeses que han cruzado la barrera de los 18 años. De estos últimos, once se fueron de «motu proprio»; otros tantos que se extraviaron sufrían alguna enfermedad mental; y dos fueron hallados sin vida. Además, la Guardia Civil se encuentra ahora en plena búsqueda de Araceli Cobo, de 76 años, que desapareció en la localidad de Baena el pasado día 2 de noviembre.
La secuencia habitual en los casos de desapariciones suele arrancar con una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que son los que incorporan estas demandas de forma automática a la Base de Datos de Personas Desparecidas y Restos Humanos Sin Identificar, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Ante los datos de la denuncia se realiza una primera valoración sobre si puede considerarse «inquietante» o de «riesgo», para lo cual se analizan las circunstancias de la misma, antecedentes o no de la personas, respecto a desapariciones anteriores, tratamientos médicos o psiquiátricos, consumo de drogas o medicamentos, precedentes de intentos de suicidio, amenazas o agresiones sufridas con anterioridad, entre otras cuestiones.
Actuar con rapidez
Las primeras horas son cruciales, ya que permiten extremar las medidas y obtener indicios para encontrar al desaparecido. Entre otras cosas, porque es posible que éste aún se encuentre cerca del hogar o del lugar en el que fue visto por última vez, y porque en esa inmediatez se va a poder asegurar la obtención de pruebas e indicios, y obtener testimonios recientes.
Después de la denuncia está la fase de investigación, en la que se realizan contactos con familiares y amigos, estudio de bases de datos policiales y otras externas (como por ejemplo hospitales y gestoras de tarjetas bancarias) y hospederías. Además, puede solicitarse intervención telefónica, total o parcial, y se lleva a cabo una búsqueda de información en el entorno o zona de desaparición (se suele recurrir a cámaras de vídeo vigilancia de establecimientos, cajeros, etc…).
El trabajo de campo es fundamental. Según la Guardia Civil, «cuando, por ejemplo, la persona desaparecida en cuestión presenta falta de autonomía [como es el caso de la mujer de Baena, que tiene alzheimer], se realizan rastreos con el apoyo de unidades caninas y con la ayuda de voluntarios para batir amplias zonas.
Cuando las gestiones iniciales no dan resultado, de forma periódica se repiten todos los pasos y se realizan difusiones recordatorio en las plantillas policiales limítrofes.
Precisamente, éste es el punto en el que se encuentra el caso de Fuensanta. Su hijo, Francisco José Castro, asegura que «tenemos constancia de que la Policía sigue con las pesquisas, pero ya no tenemos esperanzas de encontrar a mi madre sana y salva; al menos, yo creo que no. Estoy convencido de que ella decidió abandonar, de que puso fin a su vida porque no podía soportar la ausencia de mi padre, que falleció hace cuatro años», dijo.
Las hermanas mayores de la desaparecida, por contra, todavía tienen un hilo de esperanza, según apuntó Francisco José. «Ellas piensan que va a aparecer, pero con todo el tiempo que ha pasado ya... Además, la noche que se marchó iba en bata, según consta en la cámara de seguridad que la grabó, y, conociendo a mi madre, eso sería impensable en ella. Desde que mi padre nos dejó, no fue capaz de levantar cabeza, de aferrarse a nosotros».
Aunque el tiempo es crucial en este tipo de casos, hay algunos antiguos que consiguen archivarse, si bien es algo menos usual. Ello se debe a gestiones practicadas a posteriori por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, la Policía Nacional ha resuelto recientemente varias desapariciones de los años 90, dado que se trataba de personas fallecidas y enterradas, y a las que, al no existir los adelantos tecnológicos de hoy en día (análisis de ADN) no se les pudo relacionar con personas desaparecidas en su momento.
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