Debajo de la cuerda
«Enredadera» ha puesto el foco en la otra corrupción, la del sobre al funcionario colega, que teje y desteje porque es el que conoce cómo y quién lleva el cotarro de su institución
La escena es real. Un político acaba de enterarse de que la Guardia Civil está entrando en las instalaciones de la Diputación de Córdoba para reclamar documentación en el marco de la «operación Enredadera», quien instruye la jueza Mercedes Alaya hasta tanto se dilucide si es competente. El político saca el móvil y pide «ipso facto» una relación de contratos que la institución en la que trabaja con Fitonovo o algunas de las filiales fantasma creadas para ganar contratos en diversas materias. «Uf, ninguno», dice al colgar. «Estamos vendidos», afirma tras constatar que no obran en los archivos referencias sobre la mercantil señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus investigaciones.
«Enredadera» es de las primeras operaciones que, de forma masiva, se ha centrado en los segundos escalones de la Administración. La corrupción, entendida como la gran mugre, siempre se relaciona con el representante electo o designado. Nunca con el empleado que escribe los informes o pone los sellos. Y esta operación es particularmente novedosa porque explora, al menos en parte, un vericueto atractivo. El de la corrupción en la escala funcionarial, donde el político es un pardillo en manos de quienes saben más y mejor que nadie los mecanismos de la Administración. Donde el niñato puesto por el partido se entera lo justo de lo que se cuece en la casa.
Según se ha conocido, Fitonovo, una empresa dedicada al mantenimiento de parques y zonas verdes en general, exploraba la «pequeña» corrupción del «pequeño» contrato (si es que existe una noción de mayor o menor en estas cosas). El dato más relevante en mordidas ajenas al avispero del Ayuntamiento de Sevilla, tiene que ver con un directivo de ADIF en Córdoba a quien se ha enviado a prisión por haber cobrado un millón de euros en diez años. Ha sido particularmente celebrado el caso del empleado de la agencia ferroviaria en Zaragoza que, al parecer, cobraba la mordida en píldoras de Viagra.
Según las investigaciones, el mayor de los problemas radicaba en ese cajón de sastre que son los procedimientos negociados de la Administración. Si no se supera una cantidad, no se admite la libre concurrencia. Al contrario, basta con presentar tres ofertas. Los presuntos espabilados de Fitonovo engrasaban su red de mordidas para que las tres ofertas fueran de tres empresas propiedad de Fitonovo. No sé si lo van pillando.
La «Operación Enredadera» es una vuelta a los orígenes de la corrupción, a su esencia misma. Aquí ya no hay cuentas opacas ni operaciones «off-shore» en Luxemburgo. Viagra, sobres con billetes, viajes con la parienta. Una corrupción de baja intensidad que ha permitido llenar los bolsillos de un listo especializado en el trinque. Le ha matado, según los cronistas de las cosas, su capacidad para anotar con la fe de un pequeñoburgués las mordidas que pagaba. Da la impresión que una cata de un mal aún mayor, que es sociológico, el de la empresa del colega, el de la ausencia de controles, el de una fiscalización deficiente por ausencia de medios e interés.
En tiempos de internet, de las posibilidades de transparencia casi absoluta, muchos millones del presupuesto público se siguen yendo por procedimientos del siglo XIX, campo abonado para el chachullo. Las reglas de adjudicación siguen siendo oscuras, realizadas para que las entiendan los profesionales y sus abogados. Y los departamentos de Intervención son los peor dotados de personal de las administraciones.
En esas condiciones, ¿qué narices esperan que pase con sus impuestos?
