balance de las fuerzas de seguridad
Cada año se denuncian en Córdoba más de 300 desapariciones
La mayoría son voluntarias, pero hay otras inquietantes que no llegan a resolverse
Una cámara de seguridad grabó su caminar turbado por la calle San Fernando, en dirección al río, la madrugada del pasado 30 de enero. Fue la última vez que se vio con vida a Fuensanta Roldán, la anciana de 76 años en paradero desconocido desde hace ya cerca de diez meses. Su desaparición es una de las más de 300 que cada año se denuncian en la ciudad.
Según fuentes consultadas, el Cuerpo Nacional de Policía, encargado de investigar este tipo de sucesos en la capital, resuelve la mayor parte de los casos en un breve espacio de tiempo, incluso el mismo día, bien por reintegro voluntario de la persona, bien por ser contactada por sus familias o por resultar fructuosas las gestiones practicadas por los agentes.
En la provincia, el Instituto Armado también cuenta con un elevado índice de resolución. A lo largo del pasado ejercicio, la Guardia Civil tuvo constancia de la desaparición de 71 personas. De ellas, 47 eran menores de edad (28 ingresados en centros de internamiento, de los que 14 no volvieron). El resto, 24, eran mayores: 19 se habían marchado voluntariamente; tres tenían algún tipo de trastorno que se desorientaron, y dos personas fueron finalmente localizadas cadáver.
En el año actual, las denuncias presentadas ante la Benemérita ascienden a 65, de las que 40 corresponden a infantes (23 se escaparon de centros de internamiento) y 25 se refieren a cordobeses que han cruzado la barrera de los 18 años. De estos últimos, once se fueron de «motu proprio»; otros tantos que se extraviaron sufrían alguna enfermedad mental; y dos fueron hallados sin vida.
Las primeras horas, cruciales
La secuencia habitual en los casos de desapariciones suele arrancar con una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Luego, se realiza una primera valoración sobre si puede considerarse «inquietante» o de «riesgo». Las primeras horas son cruciales, ya que permiten extremar las medidas y obtener indicios para encontrar al desaparecido.
Tras la denuncia, está la fase de investigación, en la que se realizan contactos con familiares y amigos, estudio de bases de datos policiales y otras externas (como por ejemplo hospitales y gestoras de tarjetas bancarias). Además, puede solicitarse intervención telefónica y se lleva a cabo una búsqueda de información en el entorno de la desaparición (se suele recurrir a cámaras de vídeo vigilancia de establecimientos, cajeros, etc…). El trabajo de campo es fundamental, especialmente cuando el desaparecido presenta problemas de falta de autonomía, como alzheimer. Entonces, se realizan rastreos con el apoyo de unidades caninas y con la ayuda de voluntarios para batir amplias zonas.
Cuando las gestiones iniciales no dan resultado, de forma periódica se repiten todos los pasos y se realizan difusiones recordatorio en las plantillas policiales limítrofes. Precisamente, éste es el punto en el que se encuentra el caso de Fuensanta.
