Sanción de 430.000 euros por adulterar harinas cárnicas

La Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha abierto un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Dasy, dedicada a la transformación de subproductos cárnicos en harinas y grasas destinadas a piensos de animales domésticos y de abasto. La Junta designa a un responsable para instruir este procedimiento, en el que propone imponer a Dasy una sanción de 430.000 euros por dos infracciones graves, así como la prohibición cautelar del movimiento y transporte de animales y productos de origen animal o subproductos de explotación en una zona o en toda España.

El pasado mes de junio inspectores veterinarios de la Consejería levantaron acta en la empresa Dasy, ubicada en Osuna, donde su director, Aníbal Fernández, aseguró que no habían exportado harinas ni grasas procedentes de Subproductos Animales no Destinados a Consumo Humano (Sandach) C3, como son desperdicios de mataderos. Sin embargo, la Junta constató que harinas de proteínas hidrolizadas de cerdo habían sido exportadas desde Osuna a países terceros, como Colombia o Vietnan, a través de la empresa Pet Food Ingredientes de Lérida, que al igual que Dasy pertenecen al grupo Proteínas y Grasas Gimeno (PGG).

Además, la Junta confirmó el mismo mes de junio que los ordenadores de la fábrica de Osuna ofrecían información dispar sobre los producción de harinas cárnicas, con lo que no es posible confirmar si se están cumpliendo los controles de los métodos.

En julio de 2014 procedió la Junta a la inmovilización cautelar de todas las salida de grasas y harinas C3 de Dasy, exigiendo a la empresa que presentara documentación sobre la trazabilidad del producto para garantizar que realmente procedían de restos de mataderos y no de cadáveres de animales enfermos que tendrían que haberse destruido.

Para la Junta, los hechos descritos suponen el incumplimiento de la normativa que regula el proceso de retirada de cadáveres de animales de explotaciones ganaderas. Así, entiende que se ha producido una infracción «muy grave» de la Ley de Sanidad Animal por suministrar información falsa a sabiendas a los inspectores de la Junta, y otra infracción «grave» de la Ley de Sanidad Animal por elaboración y distribución de piensos, premezclas, materias primas, sustancias y productos empleados en la alimentación animal o productos zoosanitarios en condiciones no permitidas por la normativa o cuyo uso ha sido expresamente prohibido o restringido, pudiendo ello suponer un riesgo para la sanidad animal.

La Junta propone sancionar esas dos faltas con sendas multas de 200.000 euros, destacando que ello puede llevar penas accesorias, como la suspensión temporal por un máximo de un año, la retirada o la no renovación de la autorización administrativa, así como la «prohibición cautelar del movimiento y transporte de animales y productos de origen animal o subproductos de explotación e una zona o territorio determinados en todo el territorio nacional hasta el cumplimiento de la sanción principal».