Un ingeniero de Carreteras en la Diputación, el sexto imputado
La Guardia Civil le tomó declaración el jueves al inculpado en la causa abierta
La cifra de imputados en la denominada «Operación Enredadera», que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una organización criminal que tendría como centro a la empresa Fitonovo, sigue aumentando en Córdoba. A los cinco inculpados que se conocían hasta la fecha —tres personas vinculadas a empresas y dos mandos del ente estatal de infraestructuras ferroviarias ADIF— se ha sumado un ingeniero del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación provincial.
Según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación que pilota la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso, Mercedes Alaya, el pasado jueves se le tomó declaración a este sexto imputado —que no estaba detenido— en la capital hispalense a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
El grado de involucración de este inculpado no ha trascendido de momento, si bien las mismas fuentes apuntaron que su comparecencia podría estar, en principio, orientada a aclarar información relativa a los expedientes intervenidos precisamente por la Guardia Civil en la institución provincial días atrás. Como publicó este rotativo, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita visitaron a principios de semana el Palacio de la Merced para incautarse de diversa documentación relativa a contratos del periodo 2003 a 2010, principalmente. Las fuentes consultadas por ABC señalaron que el trabajo de estos agentes se pudo ceñir al Área de Presidencia y la de Régimen Interior y Compras, área que lleva los contratos (una media docena) de servicios relacionados con los organismos y sedes provinciales y de carácter menor.
En esta operación hay ya más de treinta presuntos implicados, de los que una veintena lo han sido en Andalucía: once en Sevilla, seis en Córdoba, tres en Jaén, tres en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz.
La mordida en ADIF
De los arrestados en la provincia cordobesa, cuatro quedaron en libertad con cargos, mientras que el directivo de ADIF en Córdoba Enrique José Finch Ramos, ingresó el jueves en prisión con opción de eludirla con fianza de 250.000 euros.
Está acusado de haber cobrado más de un millón de euros en sobornos —la mayor mordida detectada en la trama— de la citada firma, con sede en la provincia sevillana de Salteras, a cambio de que ésta ganara concursos públicos de mantenimiento de líneas convencionales y de alta velocidad.
El directivo del ente estatal de infraestructuras ferroviarias fue detenido el pasado lunes tras constatarse «retiradas en efectivo de la denominada Caja B de la sociedad Fitonovo SL para el pago a Enrique José Finch Ramos, directivo de la entidad pública ADIF en Córdoba, por un importe total de 1.004.624 euros entre los años 2003 a 2012», según consta en el auto judicial.
El mismo día también fue arrestado Luis M.R., mando intermedio del ente de infraestructuras en la capital, por las mismas razones señaladas. «Habría recibido entre 2007 y de 2009 a 2012 en concepto de dádivas la suma de 22.904,20 euros».
