LA FISCALÍA, DAÑO COLATERAL DEL 9-N
La defensa legal del Estado no puede quedar en manos de media docena de fiscales, probablemente muy sensibles a la asfixia ambiental que genera el nacionalismo catalán
LA evidente resistencia de los fiscales catalanes a presentar una querella contra Artur Mas y el resto de consejeros responsables del 9-N no es, de ninguna manera, un ejercicio virtuoso de autonomía de criterio, sino un grave síntoma de la falta de autoridad interna en el Ministerio Fiscal. Ante una crisis como la del proceso separatista en Cataluña, culminado, aunque no agotado, el 9-N, la defensa legal del Estado no puede quedar en manos de media docena de fiscales, probablemente muy sensibles a la asfixia ambiental que genera el nacionalismo catalán. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, deslizó ayer un sutil y claro mensaje a la Fiscalía de Cataluña, instándola a respetar la jerarquía del fiscal general del Estado. Sin embargo, este recordatorio incumbía al propio fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, quien ha desistido la autoridad que le otorgan la propia Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para ordenar –sí, ordenar– al fiscal de Cataluña que presente sin más dilación una querella imprescindible para hacer respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Esta inexplicable pasividad de la Fiscalía concierne al propio Gobierno, que parece cohibido por el temor a que se le critique por interferir en las decisiones del Ministerio Público. Entre los temores de unos y otros, nadie asume su papel. La Fiscalía ejerce sus funciones con autonomía, no con independencia, y tanto la Constitución como su Estatuto prevén una estrecha relación con el Ejecutivo, que nada tiene que ver con el servilismo que impusieron los gobiernos de Zapatero al fiscal general.
El fiscal general es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y su cese se produce como el de un cargo de confianza, cuando finaliza el mandato del Gobierno que lo nombró. No es cierto que el Ejecutivo no pueda destituirlo; puede hacerlo si aprecia incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Además, el fiscal general puede ser llamado a informar al Consejo de Ministros, y es el ministro de Justicia el competente para sancionar a un fiscal con su separación de la Fiscalía y para revisar las sanciones que impone el fiscal general del Estado. Lo más importante es que el Gobierno no necesita lanzar mensajes crípticos al fiscal general para que actúe como debe. Puede hacerlo oficialmente, como prevé el Estatuto Orgánico, por escrito a través del ministro de Justicia o directamente por el presidente del Gobierno. Entretanto, el proceso separatista cosecha el éxito de encizañar las relaciones del Gobierno con las instituciones del Estado de Derecho y acentúa la sensación de que las respuestas al 9-N, fueran políticas o judiciales o ambas a la vez, se han quedado a medias.
