LOS FALSOS ERE AHOGAN AL PSOE
Susana Díaz y Pedro Sánchez son esclavos de sus palabras. Tras elevar sus exigencias de responsabilidad política, no pueden ahora excluir a Griñán y Chaves de su campaña ética
LA Sala Segunda del Supremo ha aceptado la petición de la juez Mercedes Alaya de asumir la investigación sobre la participación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, expresidentes de la Junta de Andalucía, en la trama de los ERE falsos. Además, el Alto Tribunal acuerda investigar a otros tres aforados nacionales, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Como era previsible, esta decisión del Supremo supone dividir en dos piezas, al menos, la causa penal que dirige Alaya. Una se queda en la Sala Segunda, con los aforados nacionales; la otra deberá abrirse en el Tribunal Superior de Andalucía para los cinco aforados autonómicos implicados en los hechos, a los que se sumarían los más de doscientos imputados restantes. No sería extraño, sin embargo, que el tribunal andaluz limitara su competencia solo a los aforados autonómicos y mantuviera en manos de la juez Alaya la investigación sobre los demás implicados.
Jurídicamente la decisión del Supremo no supone una imputación formal de los dirigentes socialistas, sino solo la aceptación de que en la exposición razonada de la juez Alaya hay indicios suficientes para asumir la competencia, como bien se encarga de resaltar, con suma prudencia, el auto judicial. Ahora, el magistrado instructor deberá decidir cuándo toma declaración a los aforados y, si fuera necesario, cuándo solicitará el pertinente suplicatorio al Congreso y al Senado.
Las consecuencias inmediatas deben ser de carácter político. Tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez son esclavos de sus palabras, y después de haber roto las negociaciones con el Gobierno para un posible pacto anticorrupción por los escándalos de las tarjetas negras de Caja Madrid o la operación Púnica no pueden ahora excluir a Griñán, Chaves y Zarrías de su campaña ética. Los aforados a los que va a investigar el Supremo deben dejar sus escaños, sin escudarse en cuestiones de técnica procesal sobre si hay que esperar a no al suplicatorio o a imputaciones formales contra ellos. Los socialistas han querido sorprender al Gobierno poniendo muy altas las exigencias de transparencia y responsabilidad políticas y ahora tienen que ser coherentes. Para Susana Díaz se abre una encrucijada de difícil solución, porque tendrá que reclamar la cabeza política de sus mentores en la Junta o caer en el descrédito si no lo hace. Por otro lado, Pedro Sánchez se queda sin margen para acusar a Rajoy de tolerancia con la corrupción, porque la Junta ha sido desde hace años un nicho de corrupción en el que se han malversado cientos de millones de euros, previstos para paliar un desempleo endémico. El auto de ayer del Tribunal Supremo solo pone negro sobre b lanco lo que era inevitable: la marea de la corrupción ha llegado a la cabeza del PSOE andaluz.
