En busca y captura un asesor por el fraude a la Seguridad Social
El juzgado investiga a diez empresas por falsear contratos; hay más de 50 imputados
La voluminosa causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba por un presunto fraude masivo a la Seguridad Social, a raíz de la denominada «Operación Seguro», tiene en la mira a un asesor laboral que se encuentra en paradero desconocido. El órgano ha decretado su búsqueda y captura ya que, supuestamente, ocupaba un lugar clave en el entramado empresarial que realizaba contratos de trabajo falsos y altas irregulares. El objetivo: obtener subsidios por desempleo, permisos de residencia y beneficios penitenciarios.
En concreto, y según ha podido saber este periódico, el graduado social era una de las personas encargadas de orquestar la captación de los falsos trabajadores para cometer las estafas.
En la causa hay un total de 51 personas imputadas, todas en libertad con cargos tras prestar declaración ante la autoridad judicial, y diez empresas investigadas. La operación se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
La primera fase se inició a finales de noviembre de 2013 tras interponer una ciudadana extranjera una denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por parte de una persona que le prometió regularizar su situación en España a cambio del pago de 600 euros.
Los investigadores identificaron a un hombre que figuraba como titular y gestor de varias empresas y que adeudaba a la Seguridad Social unos 200.000 euros. Los agentes constataron que había realizado contratos de trabajo a nombre de «seis empresas ficticias, todas ellas bajo su gestión, y con apariencia legal, pero que no desarrollaban actividad laboral alguna».
Empresas falsas
Además, comprobaron que estas empresas se habían creado con la única finalidad de recibir prestaciones sociales —ascendiendo la cuantía irregularmente percibida a 205.000 euros— y, con ello, propiciar que extranjeros «sin papeles» para residir en España pudieran solicitar su regularización en el país, al justificar su actividad laboral.
Una vez recopiladas las pruebas e indicios necesarios, la Policía estableció un operativo y registró la asesoría y el domicilio del principal investigado, incautándose de gran cantidad de documentación. Los agentes lo detuvieron, y a otros cinco empresarios cordobeses implicados en los hechos.
Además, los agentes localizaron y arrestaron a 28 trabajadores de las firmas ficticias, que supuestamente habían solicitado prestaciones públicas indebidas y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en España con los contratos fraudulentos.
Tras esto, desde marzo y hasta junio, y después de un estudio exhaustivo de la documentación intervenida, los investigadores localizaron más contratos y nóminas de las empresas ficticias a nombre de otros supuestos trabajadores, que habían acumulado días de cotización para pedir el cobro de prestaciones y subsidios. Algunos de ellos habían utilizado esa documentación falsa para tratar de regularizar su situación, así como para obtener beneficios penitenciarios. Por todo ello, en esta segunda fase se detuvo a otras 17 personas, como presuntas autoras de un delito de falsedad documental, la mayoría en Córdoba capital, en Madrid y Alicante.
