Los expedientes investigados se centran en el periodo 2003-2010
En libertad con cargos cuatro de los detenidos; el quinto pasa hoy a disposición judicial
Los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que tratan de desenmarañar la trama de la «Operación Enredadera», tercera fase de la investigación dirigida por la juez Mercedes Alaya sobre el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, regresaron ayer a la Diputación Provincial para continuar recabando pruebas. Los agentes volvieron a personarse en las dependencias del Palacio de la Merced, como hicieron el martes, para completar los informes relativos a contratos que, según ha podido saber ABC, se refieren fundamentalmente a la sociedad Fitonovo SL. Los expedientes intervenidos se encontraban en el Área de Presidencia y la de Régimen Interior y Compras, y se ceñirían al periodo 2003-2010, cuando la institución provincial estaba gobernada por el PSOE.
En cuanto a los cinco detenidos en Córdoba (cuatro en la capital y uno en La Carlota) en el marco de la operación, cuatro de ellos quedaron ayer en libertad con cargos, tal y como confirmaron fuentes de la UCO, mientras que el quinto «ya se encuentra en las dependencias del Instituto Armado de Sevilla y, con toda probabilidad, pasará hoy a disposición judicial», apuntaron las mismas fuentes. Los presuntos implicados son tres empresarios y dos técnicos del ente estatal de infraestructuras ferroviarias Adif. En total, la UCO del Instituto Armado ha liberado, por el momento, a 22 de los 32 detenidos de esta red en trece provincias, compuesta en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos a cambio de comisiones.
El listado de ilícitos que les atribuye la magistrada es apabullante: delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y organización criminal.
Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, afirmó ayer en Córdoba que, «con la ley en la mano», la instrucción de la «Operación Madeja» debe pasar a la Audiencia Nacional, puesto que dirime hechos que se han producido en distintas comunidades autónomas.
Por otro lado, el digital Vozpópuli publicó ayer que las «mordidas» van desde simples abonos de 300 euros a otros de miles, hasta sumar, en el caso de uno de los técnicos de Adif detenido en Córdoba, E.J.F.R., más de un millón de euros, el mayor detectado de toda la trama. Según el digital, éste, supuestamente, se embolsó 1.004.624 euros entre los años 2003 a 2012. Este directivo fue detenido el martes por la Guardia Civil junto a un «mando intermedio» de la misma, L. M.R., que supuestamente también cobró «mordidas» pero inferiores. En concreto, 22.904 euros en 2007 y en el periodo que va desde 2009 a 2012.
