CATALUÑA: RAJOY REAFIRMA SU DISCURSO...
La mesura y la proporcionalidad que defiende Rajoy a la hora de explicar su proceder en el 9-N no deberían ser incompatibles con la firmeza y salvaguarda activa de los principios constitucionales
MARIANO Rajoy expuso ayer la opinión del Ejecutivo sobre el 9-N, utilizando unos argumentos ya conocidos. Es bueno e importante que el presidente del Gobierno reiterara su negativa a negociar sobre la soberanía nacional o sobre la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña. La claridad de estos mensajes no es nueva, pero nunca resulta inoportuna. Sí habría sido conveniente un análisis político más incisivo, y menos defensivo, sobre la situación en Cataluña y el futuro que proponen los nacionalistas. Por supuesto, el jefe del Ejecutivo garantiza que no habrá consulta separatista ni una Cataluña independiente, aunque ambas premisas vienen dadas por el propio orden constitucional. Pero quizá no fuera preciso insistir tanto en que el 9-N fue un fracaso (aunque en términos generales, sin duda, lo fuera), en la medida en que se puede responder que, aun estando expresamente prohibido por el TC, se celebró.
También desenfoca el problema la insistencia en que «solo» votó el 30 por ciento del «censo», porque el argumento abre una vía para que la Generalitat se descuelgue al final del proceso (la votación sigue inexplicablemente abierta) con una cifra mucho más alta, circunstancia muy probable, dada la falta absoluta de garantías de esta esperpéntica votación. Despachar lo sucedido como un «simulacro» puede entenderse como un argumento retórico, pero entonces, por la misma razón que esa definición desprecia el voto independentista, dificulta la interpretación política de la abstención producida el 9-N. El problema es que tuvo unos precedentes que quizá debieron abordarse antes política y judicialmente; por eso ahora la posible querella contra Artur Mas, sin estar aún presentada, para algunos parece ser un problema no para el presidente de la Generalitat, sino para la Fiscalía y el Gobierno. Y esto es así porque si Rajoy afirma que actuó con «mesura y sensatez» para explicar por qué no se procedió de otra forma en el 9-N, esas virtudes presidenciales muy encomiables –y que en estas páginas editoriales ya han sido elogiadas– servirían de la misma manera para no procesar –si así lo determinara la Justicia– a Mas, con el argumento de que es peor el remedio que la enfermedad. Pero no es así, la mesura nunca es incompatible con la firmeza y la defensa activa de los principios constitucionales.
Rajoy no está solo en su confrontación democrática con el nacionalismo separatista. Tiene a una gran mayoría de españoles confiando en la fuerza de la ley y la Constitución. Tiene el respaldo de las dos Cámaras, algo imprescindible llegado el caso para adoptar medidas más severas, y desgraciadamente todo apunta a que habrá nuevas ocasiones para aplicarlas. Ahora bien, es arriesgado adornar las pocas medidas tomadas por el Gobierno con la sensatez, la mesura y la prudencia, porque los millones de españoles que esperaban mayor intensidad del Gobierno en la defensa de su Constitución no son unos fanáticos extremistas incívicos, sino ciudadanos preocupados por su Nación.
