OPERACIÓN ENREDADERA

Los expedientes investigados en la Diputación son del periodo 2003-2010

En libertad con cargos cuatro de los detenidos; el quinto pasa hoy a disposición judicial

Los expedientes investigados en la Diputación son del periodo 2003-2010 VALERIO MERINO

d. d. / m. p. a.

Los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que tratan de desenmarañar la trama de la «Operación Enredadera», tercera fase de la investigación dirigida por la juez Mercedes Alaya sobre el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, regresaron ayer a la Diputación Provincial para continuar recabando pruebas. Los agentes volvieron a personarse este miércoles en las dependencias del Palacio de la Merced, como hicieron el martes, para reclamar informes relativos a contratos que, según ha podido saber ABC, se refieren fundamentalmente a la sociedad Fitonovo SL. Los expedientes intervenidos se encontraban en el Área de Presidencia y la de Régimen Interior y Compras, y se ciñen al periodo 2003-2010, cuando la institución provincial estaba gobernada por el PSOE.

En cuanto a los cinco detenidos en Córdoba en el marco de la operación, cuatro de ellos quedaron el miércoles en libertad con cargos, tal y como confirmaron fuentes de la UCO, mientras que el quinto «ya se encuentra en las dependencias del Instituto Armado de Sevilla y, con toda probabilidad, pasará hoy a disposición judicial», apuntaron las mismas fuentes. Los presuntos implicados son tres empresarios y dos técnicos del ente estatal de infraestructuras ferroviarias Adif.

En total, la UCO del Instituto Armado ha liberado, por el momento, a 22 de los 32 detenidos de esta red en trece provincias, compuesta en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones. El listado de ilícitos que les atribuye la magistrada es apabullante: delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y organización criminal.

Voz Pópuli publicó ayer que las «mordidas» van desde simples abonos de 300 euros a otros de miles, hasta sumar, en el caso de uno de los técnicos de Adif detenido en Córdoba, E.J.F.R., más de un millón de euros, el mayor detectado de toda la trama. Según recoge el digital, éste supuestamente se embolsó 1.004.624 euros entre los años 2003 a 2012. Este cargo de la compañía fue detenido el martes por la Guardia Civil junto a un «mando intermedio» de la misma, L. M.R., que supuestamente también cobró ‘mordidas’ aunque muy inferiores. En concreto, 22.904 euros en 2007 y en el periodo que va desde 2009 a 2012.

Los expedientes investigados en la Diputación son del periodo 2003-2010

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