visita a las obras de arroyo del moro
La Ciudad de la Justicia, en otoño de 2017
El consejero del ramo, Emilio de Llera, asegura que el edificio reunirá todos los requerimientos de la Oficina Judicial
![La Ciudad de la Justicia, en otoño de 2017](https://s1.abcstatics.com/Media/201411/13/ciudad-justicia-cordoba--644x362.jpg)
Las máquinas se encuentran trabajando a pleno rendimiento para que la Ciudad de la Justicia empiece a tomar forma y sea una realidad en tres años. Si los plazos se cumplen y no hay imprevisto alguno, en otoño de 2017 esta macroinfraestructura, de la que se lleva hablando desde hace más de diez años, comenzará a funcionar, según vaticinó ayer el consejero Emilio de Llera. El responsable visitó las obras acompañado del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto; la delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, y el presidente en funciones de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez.
Así, De Llera destacó que «Córdoba es una ciudad privilegiada por disfrutar de una inversión de esta envergadura en momentos de dificultad económica». En este sentido, aplaudió la colaboración institucional, «que también debería extenderse a los proyectos Sevilla y Cádiz». El edificio, que se ubicará en un solar de Arroyo del Moro, se covertirá en la tercera Ciudad de la Justicia en Andalucía, tras Málaga y Almería, y es el primer proyecto judicial que se afronta con la fórmula de colaboración público-privada. Albergará todos los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y otros espacios.
De Llera destacó también que el complejo reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que ha comenzado a desarrollar la Junta en Andalucía, algo que siguen poniendo en duda algunos colectivos sindicales que, además, critican el «elevado coste» que acarreará la fórmula público-privada.
Al respecto, SPJ-USO señaló que «solo el alquiler del inmueble para el uso judicial al que está destinado durante 25 años, periodo tras el cual pasará a ser propiedad de la Junta, tendrá un coste de 205 millones, a razón de 8,2 millones de euros por año. Ahora, la inversión anual en alquileres de sedes judiciales, dispersas y obsoletas, es de algo más un millón». CSIF, por su parte, se mostró menos crítica, si bien incidió en que «nos han prometido [la Junta] que mantendrán reuniones periódicas con los representantes sindicales para informarles de la evolución en la construcción de la Ciudad de la Justicia».
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