QUERELLA OBLIGADA, NO «PRECIPITADA»
Ya es hora de que empiece a funcionar el Estado de Derecho, porque el 9-N no fue el primer día de la larga trama delictiva tejida por el Gobierno catalán, sino su punto culminante
LA Fiscalía General se ha puesto en marcha –esta vez parece que sí– para depurar responsabilidades penales por la organización del 9-N, aunque habría sido más oportuno que el anuncio sobre estas acciones legales que hoy mismo podrían iniciarse hubiera provenido del fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y no de la líder del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Un político no debe hablar en nombre de la Fiscalía General del Estado. Lógicamente, el Ministerio Fiscal apunta de manera directa en su futura querella al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros consejeros personalmente vinculados con la autorización del empleo de recursos públicos en la consulta ilegal del pasado domingo. Desobediencia y prevaricación son algunos de los delitos que podrían imputarse a los querellados, que tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ya es hora de que empiece a funcionar a pleno rendimiento el Estado de Derecho, aunque el fiscal general reclame actuar «sin precipitación», lo que ciertamente está haciendo desde hace mucho tiempo, porque el 9-N no fue el primer día de la larga trama delictiva tejida por el Gobierno catalán, sino su punto culminante. Hasta esa jornada tiempo ha tenido la Fiscalía General para actuar contra el Gobierno catalán y los alcaldes y concejales que han malversado fondos y prevaricado en su apoyo al proceso soberanista; y también para proponer medidas cautelares para frenar la comisión de delitos notorios, sin esperar al 9-N. Ponga orden el Gobierno en el desconcierto de portavoces y anime a la Fiscalía a actuar de una vez por todas, tal y como le permite el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Y debe hacerlo porque los errores de gestión y comunicación del Gobierno tapan lo verdaderamente importante, que es la responsabilidad personal de Artur Mas en la posible comisión de los más graves delitos que cabe imputar a quien ostenta la máxima representación del Estado en Cataluña. Ya no caben más emplazamientos a Mas para que vuelva a la cordura política y a la legalidad. Ha renunciado a lo primero y quiere seguir vulnerando lo segundo. Habrá quien insista en que mejor no hacer nada para no alimentar el victimismo y no movilizar a los nacionalistas. Esto último ya ha sucedido, y el temor al victimismo no puede ser, a estas alturas, más importante que asegurar el cumplimiento de la legalidad. Además, las expectativas no mejoran con el anuncio de Mas de convocar elecciones plebiscitarias si Rajoy no negocia; elecciones que el republicano Oriol Junqueras eleva, con iguales dosis de osadía e ignorancia, al rango de «constituyentes». Sean unas u otras, irán seguidas de nuevas iniciativas anticonstitucionales ante las cuales el Gobierno no podrá seguir confundiendo la prudencia con la quietud.
