LA JUEZ ALAYA DEBE CERRAR FRENTES
LOS numerosos y complejos casos de corrupción que lleva tiempo investigando la juez Mercedes Alaya en Andalucía, con sus respectivas ramificaciones y cientos de imputados, corren el riesgo de quedar sepultados bajo una montaña de procedimientos y recursos, dilatando en exceso su resolución. A las macrocausas relacionadas con el fraude de los ERE o los cursos de formación, cabe sumar la nueva operación Enredadera, vinculada a la trama Mercasevilla, lanzada ayer por Alaya en doce provincias españolas, aunque tiene su origen en la capital andaluza. La Guardia Civil detuvo a más de 30 personas implicadas en una red de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas, destapando así otro bochornoso episodio de corrupción, lo cual es más que bienvenido.
La Justicia tiene la obligación de investigar hasta el final todos y cada uno de los casos de corrupción para depurar las responsabilidades pertinentes, al igual que los políticos deben elaborar leyes eficaces para prevenir y combatir esta lacra, pero el ingente trabajo que acumula Alaya en esta materia podría resultar inabarcable y, por tanto, infructuoso, en caso de seguir abriendo nuevos frentes en lugar de concluir las instrucciones pendientes. La juez haría bien en delegar esta ardua tarea en otros juzgados para, de este modo, centrarse en las importantes causas que ya tiene encima de la mesa, y cuya conclusión no debería demorarse en el tiempo. Asimismo, urge que el Consejo General del Poder Judicial destine los recursos materiales y humanos necesarios para poder resolver con la debida diligencia las profusas y complicadas operaciones iniciadas por Alaya en Andalucía, al igual que otros jueces en el resto de España. La lucha contra la corrupción requiere de una investigación profunda, pero también ágil y rápida, para poder impartir Justicia.
