ESTRATEGIA TRAS EL DESCONCIERTO
La querella anunciada por la Fiscalía responde a la idea de que la aplicación firme de la ley es la premisa absoluta para enmarcar cualquier interlocución con la Generalitat
LOS resultados del «proceso de participación» han dado paso a tantas reacciones como partidos y gobiernos se han visto afectados por la votación del 9-N. Aunque la conclusión general es que el Gobierno catalán quería poner a prueba al Estado más que forzar la independencia a corto plazo, las diferencias sobre las estrategias que cada cual quiere seguir a partir de ahora son muy importantes. El Gobierno catalán se cree dueño de la partitura y pone plazo –dos semanas– a negociar con Rajoy, y advierte de que si no hay diálogo Artur Mas convocará elecciones, que se plantearán como plebiscitarias y con lista única independentista. Los republicanos de ERC quieren elecciones «constituyentes» primero, sin lista única, y gobierno de concentración después, para una declaración unilateral de independencia. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, vuelve al mantra de la reforma federal de la Constitución, que es como renunciar a proponer algo realista y viable a corto plazo. El Gobierno central es el único que no ha variado su guión, dejando en manos de la Justicia cualquier respuesta al órdago ejecutado por Artur Mas. En este escenario, la iniciativa de la Fiscalía, que ultima una querella por los delitos cometidos durante la farsa del pasado domingo, viene a reforzar el rumbo del Estado de Derecho ante el desafío del separatismo.
Pese a todo, el Gobierno ha de procurarse una estrategia propia, basada en sus obligaciones constitucionales y no en los empujones de la coyuntura, una estrategia ganadora y de largo recorrido para un conflicto que amenaza con socavar el crédito de las instituciones democráticas. La querella anunciada ayer por la Fiscalía Superior de Cataluña responde a la idea de que la aplicación firme de la ley no solo es compatible con una posterior propuesta de diálogo, sino que es su premisa absoluta para enmarcar la interlocución con la Generalitat en unos límites constitucionalmente admisibles. En los últimos días, los movimientos del Gobierno han sido incompletos y han transmitido una imagen de desistimiento ante el nacionalismo que debe revertirse con una política digna de llamarse nacional –sin exageraciones, pero también sin complejos– y patriótica. Porque patriotismo es defender el patrimonio común de los españoles, es decir, su soberanía nacional y la Constitución que pactaron. Rajoy siempre vertebró su discurso con un mensaje que alimentaba las mejores expectativas: como presidente del Gobierno no estaba en su mano permitir una agresión a la Constitución. El simulacro del 9-N decepcionó esas expectativas y el Gobierno debe salir del desconcierto provocado por la demostración separatista. Desde la ley y, también, desde el convencimiento de que la idea y la realidad de España son el mejor antídoto contra la falacia soberanista.
