Los cargos imputados de Medio Ambiente piden sobreseer el caso
El denunciante, que los acusa de falsedad y prevaricación, se opone y solicita otras pruebas
La causa que tiene en el punto de mira a varios altos cargos de la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba ante una serie de presuntas «actuaciones arbitrarias» relacionadas con el vallado de una finca junto a la N-432 en Espiel, se encuentra en un punto decisivo. La defensa de los imputados, entre los que se encuentra el exdelegado del ramo Luis Rey; tres jefes de servicio y un funcionario, ha solicitado el sobreseimiento del caso, a lo que, como cabía esperar, se ha opuesto el denunciante, la firma Dehesa Pilmar.
Así lo han confirmado a este periódico fuentes judiciales, que han informado de que la empresa que interpuso la demanda ha solicitado a la titular de Instrucción número 3, encargada de la causa, la práctica de nuevas pruebas —testificales y documentales, fundamentalmente—. Ahora, será la jueza la que decidirá si suspende el proceso, tal y como demandan los denunciados, o bien accede a la petición de Dehesa Pilmar y continúa con las pesquisas.
Tal y como avanzó ABC, el órgano judicial inculpó a los cinco imputados como presuntos autores de delitos de prevaricación, daños y falsedad documental, y la comisión de una infracción contra especies protegidas.
Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, en 1998, la mercantil titular de la finca Huerto Cepas, ubicada en el término municipal de Espiel, solicitó al Ayuntamiento licencia para la instalación de una malla ganadera. El Consistorio tramitó dicha petición y la remitió, como era preceptivo, a la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Al no recibir respuesta alguna de la Junta, fue concedida la autorización por silencio administrativo. La actividad de la caza fue realizada en el coto y finca con total normalidad, y con la malla colocada durante un periodo de unos cinco años.
No obstante, Ecologistas en Acción presentó en 2004 una denuncia ante la Delegación de Medio Ambiente revelando la existencia de un pastor eléctrico (una alambrada electrificada) en la finca. De este modo, se abrió un procedimiento sancionador contra Dehesa Pilmar por una presunta infracción en materia de especies protegidas.
El informe realizado por uno de los jefes de servicio imputados «se ciñó a la existencia de la malla [...] para decir que era ilegal y que dicho cercado ni estaba autorizado ni se había solicitado su instalación a la Delegación provincial de Medio Ambiente». El funcionario imputado instruyó el expediente sancionador en marzo de 2005 que dio pie a la Administración a «ir desestimando todos los planes técnicos de caza» que presentaba la mercantil, lo que ha causado «graves daños» en el coto.
La denuncia prosigue afirmando que no sólo el jefe de servicio que elaboró el informe mantenía que en Medio Ambiente no había tenido entrada la solicitud de autorización de la valla, sino que el por entonces delegado provincial, el socialista Luis Rey, se pronunció en los mismos términos.
Para Dehesa Pilmar, estos hechos «deben ser investigados», puesto que «no entendemos esa insistencia en negar lo evidente», puesto que cuenta en su haber con el documento que demuestra que sí se realizó la referida solicitud. En concreto, son dos certificados contradictorios. El primero, de 2006, dice que no se pidió permiso. El posterior, de 2012, lo desmiente.
