«OPERACIÓN ENREDADERA»
Cinco detenidos en Córdoba por una trama de sobornos a funcionarios
Son tres empresarios y dos técnicos de ADIF; la Guardia Civil recaba expedientes en la Diputación sin detenciones
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a 5 personas en Córdoba presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a funcionarios de instituciones públicas a cambio de concesiones públicas a empresas.
Según ha podido saber ABC, se trata de tres empresarios y dos técnicos en la provincia de Córdoba del ente de infraestructuras ferroviarias estatla (ADIF). No se descartan más detenciones en las próximas horas.
Según ha podido confirmar ABC, miembros de la UCO han estado también esta mañana en la Diputación de Córdoba donde han recabado expedientes de diferentes contrataciones. En concreto han estado supervisando información en el Área de Presidencia y el Servicio de Compras y Régimen Interior de la Diputación de Córdoba.
Su vicepresidente primero, Salvador Fuentes, ha declarado que no se han producido detenciones en la institución provincial ni en ninguna de sus dependencias anexas. Sí corroboró la presencia policial y la recogida de expedientes para ponerlos a disposición de la autoridad judicial que investiga el caso, bajo secreto de sumario en estos momentos.
En estos momentos hay otros 21 detenidos en diferentes provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias, así como en Barcelona y Madrid.
Entre las hipótesis que se manejan también en estos momentos está la posible detención de un empleado de ADIF en Córdoba que se uniría a otros tres del mismo ente estatal en otros puntos de la Península.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, en la operación bautizada como «Enredadera» y que supone la tercera fase de la investigación Madeja que está desarrollando este martes la Guardia Civil por orden de la juez Mercedes Alaya se prevén una treintena de detenidos.
Hasta el momento, los agentes ya han arrestado a 26 personas, en su mayoría funcionarios, aunque también se prevé la detención de algún cargo público de bajo nivel, según han indicado las fuentes que también informan de diversos registros en las provincias implicadas, entre ellos la Diputación de Sevilla.
La Dirección General de la Guardia Civil informa en un comunicado del desarrollo de esta «operación Enredadera» en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
En total los agentes han practicado detenciones o registros en trece provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas.
En esta última provincia, las detenciones se han practicado en Lanzarote y en la capital de Gran Canaria.
Según explica la Guardia Civil, la «operación Enredadera» es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A.
De esta operación los agentes concluyeron un «no justificado» incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Los agentes realizaron un informe patrimonial sobre esta persona de la que se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo (contratista habitual de numerosas administraciones públicas) múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza desde dinero hasta vehículos, lo que provocó en julio y diciembre del pasado año la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.
Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.
A su vez, también los imputados habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.
