Los cargos de Medio Ambiente de Córdoba imputados piden sobreseer el caso

La causa que tiene en la mira a varios altos cargos de la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba ante una serie de presuntas «actuaciones arbitrarias» relacionadas con el vallado de una finca junto a la N-432 en Espiel, se encuentra en un punto decisivo. La defensa de los imputados, entre los que se encuentra el exdelegado del ramo Luis Rey; tres jefes de servicio y un funcionario, ha solicitado el sobreseimiento del caso, a lo que, como cabía esperar, se ha opuesto el denunciante, la firma Dehesa Pilmar.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes judiciales, que han informado de que la empresa que interpuso la demanda ha solicitado a la titular de Instrucción número 3, encargada de la causa, la práctica de nuevas pruebas -testificales y documentales, fundamentalmente-. Ahora, será la jueza la que decida si suspende el proceso, tal y como demandan los denunciados, o bien accede a la petición de Dehesa Pilmar y continúa con las pesquisas.

Tal y como avanzó ABC, el órgano judicial inculpó a los cinco imputados como presuntos autores de delitos de prevaricación, daños y falsedad documental, y la comisión de una infracción contra especies protegidas. Según consta en la denuncia, en 1998, la mercantil titular de la finca Huerto Cepas, ubicada en el término municipal de Espiel, solicitó al Ayuntamiento licencia para la instalación de una malla ganadera. El Consistorio tramitó dicha petición y la remitió a la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Al no recibir respuesta alguna de la Junta, fue concedida la autorización por silencio administrativo.

La actividad de la caza fue realizada en el coto y finca con total normalidad, y con la malla colocada durante unos cinco años. No obstante, Ecologistas en Acción presentó en 2004 una denuncia ante la Delegación de Medio Ambiente revelando la existencia de un pastor eléctrico (una alambrada electrificada) en la finca. De este modo, se abrió un procedimiento sancionador contra Dehesa Pilmar por una presunta infracción en materia de especies protegidas y se le fueron desestimando todos los planes técnicos de caza que presentaba la mercantil, lo que ha causado «graves daños» al coto, según la denunciante.

El informe realizado por uno de los jefes de servicio imputados «se ciñó a la existencia de la malla [...] para decir que era ilegal y que dicho cercado ni estaba autorizado ni se había solicitado su instalación a la Delegación provincial de Medio Ambiente», algo que contradice la firma denunciante, al contar con dos certificados contradictorios de la Junta. El primero, de 2006, dice que no se pidió permiso; el posterior, de 2012, lo desmiente.