«Macrofraude» a la Seguridad Social
El Juzgado de Instrucción 7 formaliza la imputación de 415 de los 585 inculpados por la estafa de 1,6 millones
El caso de presunto macrofraude a la Seguridad Social que investiga el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha sobrepasado la capacidad del órgano para desentrañar su compleja trama. No en vano, hasta la fecha hay más de 580 personas inculpadas y, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de momento se ha formalizado la imputación de 415. La titular del juzgado ha solicitado refuerzos —al menos, dos funcionarios— con el fin de acelerar las pesquisas y evitar la prescripción de delitos.
A la propia dificultad del asunto y elevado número de supuestos involucrados se suma que muchos de ellos proceden de otras provincias del país, lo que ralentiza la toma de declaraciones. En concreto, el juzgado está interrogando a los imputados foráneos bien a través de viodeoconferencias o exhortos para proceder a las testificales en los juzgados de origen de cada uno de los inculpados. «El asunto es extremadamente voluminoso, lo que se traduce en que la instrucción también va a ser lenta, pero dentro de los tiempos judiciales establecidos», apuntaron a este periódico fuentes del caso.
Las diligencias previas se iniciaron en enero de 2012 a raíz de una denuncia que interpuso la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social. No obstante, la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició mucho antes, en marzo de 2009, según informó a finales de noviembre del pasado año el alto tribunal andaluz.
El presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos por dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclaman las correspondientes prestaciones a las administraciones públicas o las mutualidades laborales.
Pese a que la investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de unos 585 imputados, fuentes cercanas al caso apuntaron que aún quedan pendientes diligencias en relación a este supuesto fraude, con supuestas devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro ilegal de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.
Tal y como publicó ABC el pasado verano, las últimas imputaciones se referían a unas 200 personas que, supuestamente, tienen relación con una cooperativa cordobesa que se investiga en el caso. Además, hay unas cien que son de fuera de la provincia, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo o Barcelona, entre otros lugares. Hasta el momento son más de 1,6 millones de euros el dinero supuestamente defraudados, en su mayoría por perceptores de prestaciones «indebidas».
Crecen los fraudes
Los fraudes a la Seguridad Social se han multiplicado en los últimos años, si bien no han alcanzado la entidad del macrocaso que investiga el juzgado cordobés. Así, las estafas detectadas en las cotizaciones al seguro social en Córdoba —para acceder de forma irregular a las prestaciones— se incrementaron un 22 por ciento durante el pasado ejercicio, superando los 17 millones de euros.
Fuentes consultadas por ABC apuntaron que las empresas ficticias son uno de los tipos de fraude que más ha proliferado con la recesión. En este sentido, durante 2013 se realizaron 210 inspecciones que permitieron detectar 38 infracciones asociadas a la creación de sociedades «fantasma».
Suele haber un patrón en la comisión de este tipo de timos: la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social detecta una serie de empresas que no presentan actividad económica, pero sí un intenso movimiento de trabajadores entre ellas. Este tipo de hechos siempre hace sospechar del engaño a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En esta línea, un dato más que significativo es el relativo a los contratos falsos descubiertos por los inspectores: a lo largo de 2013 se anularon 104 altas ficticias formalizadas con el objetivo de acceder de forma indebida a las prestaciones sociales o a autorizaciones administrativas para trabajar. Y llama la atención porque en 2012 sólo se revocaron ocho.
En lo que respecta a las sanciones a empresarios por ocupar a trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo, durante 2013 se consiguieron destapar 119 infracciones, frente a las 451 detectadas doce meses antes.
Pero muchos trabajadores también compatibilizan de forma fraudulenta su labor con la prestación por figurar en las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Es el caso, según relatan las fuentes consultadas, de un hombre que está empleado, por ejemplo, como antenista en una empresa. A este se le despide y es indemnizado. Como es lógico comienza a cobrar la ayuda. Pero casi a la par, y por su cuenta, continúa colocando antenas cobrando en «B».
Los inspectores investigaron el año pasado a 317 trabajadores en relación a esta materia y detectaron 202 infracciones, frente a las 541 de 2012. En la mayoría de las ocasiones, las denuncias proceden de las propias empresas donde trabajaban los empleados, ya que estos últimos piden una indemnización altísima.
