JUSTICIA Y POLÍTICA

Dado el clima que reina hoy en España, tiene que quedar claro lo que en su día dijeron tanto el Rey anterior como el actual: todos los españoles somos iguales ante la Ley

EL caso de la Infanta Cristina es, teóricamente, muy fácil: no se la puede imputar por ser la hermana del Rey, ni se la puede exonerar por ello. Ni ejemplo ni ventaja, sino juzgada como cualquier otro ciudadano. Pero ahí está precisamente la dificultad: el parentesco domina sobre el resto de las consideraciones, con todas las pejigueras y suspicacias que ello trae consigo.

Sin ser un jurista ni pretender serlo, aplicando solo el sentido común, considero acertado el auto de la Audiencia de Palma, al ceñirse a los hechos, no a las personas: Doña Cristina de Borbón ha defraudado al Fisco al crear, usar dinero y manejar cuentas de empresas dedicadas a extraer dinero público sin hacer nada para evitar que se cometiera delito. Pero no ha blanqueado capitales, por presidir, aunque no administrar, tales empresas. Es lo que ha traído este auto salomónico, que la imputa por fraude fiscal, pero no por blanqueo de dinero. Debería contentar a ambas partes, pero no contenta a ninguna.

Y no las contenta porque no despeja las dudas sobre el caso, al haber un precedente procesal que puede incluso librar a la Infanta de sentarse en el banquillo por la primera imputación. Me refiero a la llamada doctrina Botín –bautizada por haberse aplicado al famoso banquero–, según la cual, si los damnificados no recurren contra quien haya dañado sus intereses (al haberles satisfecho los perjuicios causados), el caso se cierra sin que valga la acusación popular, como la del sindicato Manos Limpias. Que pudiera muy bien ocurrir, al haber anunciado la Hacienda Pública –principal dañada al no haberse pagado impuestos– y el fiscal del caso su disposición a cerrarlo una vez que Doña Cristina pague el dinero defraudado, para lo que le exigen depositar la fianza correspondiente, medio millón de euros, que es mucho dinero, pero mucho peor es tener que sentarse en el banquillo de acusados.

Tendrá, eso sí, que comparecer como testigo, lo que la llevará a declarar lo que sabía de las actividades de su marido, con muchos cargos bastante más graves que los suyos. La Infanta ya declaró al respecto en su primera comparecencia ante el juez instructor. Entonces eludió la mayoría de las preguntas con respuestas como «no lo sé» o «no estaba al corriente». Ahora lo tendrá más difícil porque, como testigo, tendrá que decir la verdad si no quiere caer en perjurio. Y, ojo, el mismo juez será también quien decida su condición de imputada o no, es decir, si se sienta o no en el banquillo. Dado el clima que reina hoy en España, tiene que quedar meridianamente claro lo que en su día dijeron tanto el Rey anterior como el actual: que todos los españoles somos iguales ante la ley.

Y queriendo hacer un favor a la Infanta, alguien puede abrir un boquete a la Monarquía.