El PP contraprograma y pide saber las dietas de altos cargos

Coincidendo con la celebración del mitin protagonizado por los socialistas, en el que el fenómeno de la corrupción fue uno de los asuntos más manidos, el Grupo Parlamentario Popular anunció que solicitará a la Junta de Andalucía que presente en este período de sesiones un proyecto de Ley del Buen Gobierno y el Estatuto del Alto Cargo y haga las modificaciones legislativas necesarias para ampliar las medidas de transparencia y control en la idoneidad y actividad de los altos cargos, entre ellas, la «publicación detallada» de sus retribuciones, «incluyendo utilización de tarjetas de crédito».

Lo hará el próximo jueves en el Pleno de la Cámara autonómica, donde defenderá una proposición no de ley en la que también reclama que se publiquen los gastos de los altos cargos relativos a representación, manutención, alojamiento, dietas, pluses de productividad, incentivos salariales, gastos de locomoción y atenciones protocolarias, así como los relativos a indemnizaciones por alquiler de vivienda, mudanza o traslado de domicilio y de cualquier tipo abonadas por la Junta. Además, el PP-A quiere una futura ley del Buen Gobierno que regule los principios de «transparencia, ejemplaridad e , idoneidad para la gestión por parte de los cargos directivos y asunción de responsabilidades», sus «obligaciones de comportamiento personal» en el uso de coches oficiales, hoteles, gastos en comidas y viajes y composición de gabinetes.».

Entre otras cuestiones, los ‘populares’ reclaman un «régimen sancionador» que contemple infracciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas, la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública, la responsabilidad patrimonial del alto cargo que se derive por negligencia en la gestión y la inhabilitación por un período de entre 5 y 10 años.

Algunas de estas propuesta ya han sido defendidas públicamente por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha pedido también medidas en el ámbito institucional como la reducción de los miembros de los órganos de extracción parlamentaria (Consejo de Administración de la RTVA, Consejo Audiovisual, Defensor del Pueblo...), la limitación de los mandatos del titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía a un plazo máximo de 8 años y la convocatoria de elecciones autonómicas de forma separada.

Todas estas iniciativas las contempla el PP-A dentro de «un gran acuerdo de todas las fuerzas en la lucha contra la corrupción» que, a su juicio, es una reclamación de todos los andaluces en tanto en cuanto es «un problema que amenaza el futuro y la estabilidad de nuestro sistema democrático».