El Ayuntamiento baja este mandato el pago a proveedores de 180 a 17 días
El Consistorio abona sus facturas en la actualidad dos semanas antes de lo que le obliga la ley, tras haber hallado en 2011 demoras de hasta seis meses
Atención a la frase. «Quiero recordar que al llegar al Ayuntamiento a mediados de 2011, según la auditoría que se realizó, el plazo medio de pago a proveedores era de seis meses. Ahora abonamos en 17 días». Esta aseveración tan rotunda del concejal de Hacienda, José María Bellido, resume el cambio en poco más de tres años de la relación del Consistorio con las empresas que le suministran servicios.
Ese plazo corto que se tarda de media en abonar una factura —a eso hay que unirle los 30 días previos que por norma la Administración tiene para tramitarla y comprobar que esté correcta— es una «cifra histórica» en el Ayuntamiento de Córdoba, advierte el teniente de alcalde Hacienda.
Esta evolución a la baja ha tenido impacto. ¿Cuál? Bellido asegura que trabajar hasta 2011 con «nosotros al final era un problema de liquidez para las empresas». Ahora, siguió, cobran «dentro de la normalidad y no deben pedir a la banca que les adelante dinero por los trabajos que nos hacen». Y añade otro efecto beneficioso: «Creo que antes muchos negocios incluían en sus precios un alza por el coste financiero que sufrían por cobrar tarde. Actualmente, los precios que nos ofrecen son normales». Las firmas están cobrando en un corto plazo y eso genera «más empleo y evita que las firmas se tengan que endeudar», apostilla el edil popular.
Estos 17 días que se tarda en abonar las facturas suponen que el Ayuntamiento «cumple de sobra» los márgenes que fija la Ley contra la Morosidad para que las Administraciones paguen a sus proveedores. La norma establece treinta días de tramitación y a partir de ahí otros tantos para realizar el desembolso —o sea, que tiene casi dos semanas de colchón—.
Para llegar a la situación actual, se han quemado distintas etapas. La primera arranca cuando los populares llegan al Consistorio en junio de 2011 y se topan con, recuerda Bellido, «en torno a 40 millones» de facturas sin pagar del consolidado del Ayuntamiento (Capitulares, como matriz, más empresas y organismos autónomos).
Semejante cantidad era sólo parte de los males que sufrían las cuentas municipales. Según la auditoría hecha en el verano de 2011, el Ayuntamiento caminaba hacía el «colapso financiero». Con el agua al cuello, tuvo un salvavidas del Gobierno central: la línea de créditos ICO para el pago a proveedores. Se acogió a la de mediados de 2011 (unos 11 millones solicitados) y a la de principios de 2012 (24 millones). Esta última supuso aprobar el plan de ajuste, que implicó una importante contención del gasto. Debía estar en vigor hasta 2022, pero el Ayuntamiento va a abandonarlo ya por la buena salud de su contabilidad.
Créditos del ICO
Bellido rememora cómo fue la segunda fase en la mejora de este parámetro. Tras acogerse a las dos líneas ICO, el periodo medio de pago «superaba los cien días». Pese al avance, seguía «un problema de nivel de gastos inasumible en el Ayuntamiento. Eso suponía que se siguiera dando acumulación en el retraso de nuestros desembolsos». Y es que en 2011, cuando llegó el PP a la Alcaldía, se topó con una entidad local que, entre otros males, sufría una crisis presupuestaria, con una caída generalizada de los ingresos, y otra de liquidez. Esta última era la que producía el retraso de seis meses en el pago a proveedores.
El nuevo gobierno local empezó a aplicar medidas. Las crisis presupuestaria y de liquidez se combatieron juntas, pues los populares defienden que «un problema de tesorería se ataja con una política correcta de cuentas».
Ahí, entró en liza un cambio clave. El PP había denunciado que los gobiernos de IU y PSOE hacían los presupuestos al revés: primero veían qué se querían gastar y luego cuadraban los ingresos. Eso «falseaba» las cuentas, generando pérdidas y graves tensiones de liquidez, pues, advertían los populares, «uno no se puede gastar lo que no tiene». Frente a eso, se elaboraron unos presupuestos que reflejaban los ingresos verdaderos y los desembolsos se adecuaban. Bellido resume esa filosofía: «Hemos hecho las cuentas estos ejercicios como las de cualquier casa: la clave es no gastar más de lo que se percibe».
El Ayuntamiento redujo sus gastos significativamente sin que eso, defienden en el gobierno local, afectara a los servicios ni se diera una pérdida de empleo. Y se encauzaron otros aspectos como la deuda con la banca.
Con menos gasto y una situación económica interna mejor, se fue reduciendo el periodo de pago a proveedores y se llegó a la tercera, y última, etapa de la mejora. Antes del pasado verano, apunta José María Bellido, saldaban las facturas en entre 60 y 70 días. «Entonces, pudimos hacer un esfuerzo durante un trimestre de casi doblar nuestros pagos al mes y hubo meses que abonamos hasta 6 y 7 millones». Fue posible, porque el Ayuntamiento estaba «en condiciones de hacerlo sin arriesgar la situación de las arcas». Ese último arreón fue lo que quedaba para ponerse al día y dejar el plazo de abono en 17 días.
Ahora, el mecanismo ya consiste en que cada mes se paga el anterior. «En noviembre, se abonará octubre», dice gráficamente. El edil de Hacienda avisa de que el actual nivel de pago no es un dato puntual ya que «estamos en condiciones» de que el periodo de abono no vuelva a superar los 30 días.
En ello ha sido clave respetar la Ley de Morosidad. El Ministerio de Hacienda ha incluido un mecanismo sancionador para los ayuntamientos que la incumplan. El consistorio incurso en él verá reducir sus ingresos vía participación en los ingresos del Estado.
