El Ayuntamiento de Córdoba paga ya a proveedores en 17 días

Atención a la frase. «Quiero recordar que al llegar al Ayuntamiento de Córdoba a mediados de 2011, según la auditoría que se realizó, el plazo medio de pago a proveedores era de seis meses. Ahora abonamos en 17 días».

Esta aseveración tan rotunda del concejal de Hacienda, José María Bellido, resume el cambio en poco más de tres años de la relación del Consistorio con las empresas que le suministran servicios.

Ese plazo corto que se tarda de media en abonar una factura -a eso hay que unirle los 30 días previos que por norma la Administración tiene para tramitarla y comprobar que esté correcta- es una «cifra histórica» en el Ayuntamiento de Córdoba, advierte el teniente de alcalde Hacienda.

Esta evolución a la baja ha tenido impacto. ¿Cuál? Bellido asegura que trabajar hasta 2011 con «nosotros al final era un problema de liquidez para las empresas». Ahora, siguió, cobran «dentro de la normalidad y no deben pedir a la banca que les adelante dinero por los trabajos que nos hacen».

Y añade otro efecto beneficioso: «Creo que antes muchos negocios incluían en sus precios un alza por el coste financiero que sufrían por cobrar tarde. Actualmente, los precios que nos ofrecen son normales». Las firmas están cobrando en un corto plazo y eso genera «más empleo y evita que las firmas se tengan que endeudar», apostilla el edil popular.

Estos 17 días que se tarda en abonar las facturas suponen que el Ayuntamiento «cumple de sobra» los márgenes que fija la Ley contra la Morosidad para que las Administraciones paguen a sus proveedores. La norma establece treinta días de tramitación y a partir de ahí otros tantos para realizar el desembolso -o sea, que tiene casi dos semanas de colchón-.

Ahora, el mecanismo ya consiste en que cada mes se paga el anterior. «En noviembre, se abonará octubre», dice gráficamente. El edil de Hacienda avisa de que el actual nivel de pago no es un dato puntual ya que «estamos en condiciones» de que el periodo de abono no vuelva a superar los 30 días.

En ello ha sido clave respetar la Ley de Morosidad. El Ministerio de Hacienda ha incluido un mecanismo sancionador para los ayuntamientos que la incumplan. El consistorio incurso en él verá reducir sus ingresos vía participación en los ingresos del Estado.