EL PLAN DE LA ANC PARA EL 10-N
Por más que la jornada se vista de iniciativa no oficial, detrás está la Generalitat, lo que hace muy difícil que el Gobierno pueda descartar acciones legales más contundentes
EL plan alternativo de la Asamblea Nacional Catalana, el brazo callejero del frente separatista, pone de manifiesto la preocupación de este colectivo por el previsible fracaso de la pseudoconsulta prevista para el 9-N. En sus últimas reuniones, según informamos hoy en ABC, la cúpula de la ANC se plantea transformar el 9-N en una jornada festiva para maquillar una baja participación de los catalanes, su principal temor ante esa fecha. De hecho, la ANC trabaja con la idea de pasar página a la consulta y comenzar un proceso de denuncia contra el Estado español, que iría paralelamente a un proceso político en Cataluña con dos hitos: la formación de un gobierno de concentración de fuerzas independentistas y la convocatoria de unas elecciones entre el 14 de diciembre y el 15 de febrero. La ANC confía en que a estos comicios concurra una «candidatura de país», que es el eufemismo con el que los nacionalistas se apropian de Cataluña como patrimonio privado, porque por tal cosa entienden una candidatura formada por grupos separatistas. Conseguida la mayoría absoluta en el Parlamento catalán, el siguiente paso sería, en el plan onírico de la ANC, declarar la independencia de Cataluña en un plazo de entre seis y doce meses, a lo que seguiría la negociación con el Estado y el reconocimiento de la Unión Europea y de la comunidad internacional.
Entre tanto voluntarismo pueril, la ANC se detiene en ciertos detalles realistas, como la falta de confianza en Artur Mas, la escasez de fondos para tanta campaña y el hundimiento del 9-N si vota poca gente. Eso sí, vuelven a confiar en el victimismo y, haciendo de la necesidad virtud, los estrategas de la ANC esperan que el Gobierno prohíba todo acto de votación, para presentarse ante la opinión pública como mártires de la democracia.
Este guión, por surrealista que parezca, es el que está marcando la agenda del Gobierno catalán, cuyo plan de «privatizar» el 9-N no ha impedido que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta, disfrazada ahora de «proceso de participación». Pero, por más que la jornada se vista de iniciativa no oficial, detrás está la Generalitat, lo que hace muy difícil que el Gobierno pueda descartar acciones legales más contundentes. Es razonable, como dijo ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no se tomen nuevas medidas si realmente la Administración autonómica se desvincula del 9-N, pero a estas alturas no se pueden esperar milagros. La ANC, Òmnium Cultural y grupos similares son la «longa manu» de Artur Mas y sus socios nacionalistas. Una cosa es el respeto a la legalidad, y otra, muy distinta, tratar a los nacionalistas con ingenuidad.
