PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA
Francisco Sánchez Zamorano«La tasas judiciales no han reducido la cifra de litigios»
Ha tomado el relevo con las ideas claras. El nuevo responsable del máximo tribunal de Córdoba plantea la necesidad de crear nuevos juzgados
—¿Qué le llevó a presentarse a la convocatoria para presidir la Audiencia Provincial de Córdoba?
—No hay un motivo o causa concretos. En cualquier decisión que podamos tomar en nuestra vida inciden a veces muchos factores para que la misma se llegue a producir. Ésta de presidir la Audiencia no es decisión ajena a esa mezcla, en la que principalmente predominan deseos de hacer por la sociedad algo más que desempeñar la estricta función jurisdiccional, que no es poco, ya de por sí labor tan noble como difícil. Presidir el máximo tribunal de Córdoba y su provincia —es decir, de mi tierra— me resultaba atractivo. Lógicamente —sería hipócrita ocultarlo—, el deseo de promoción profesional no quedó al margen.
—¿Cuáles son las claves de su programa para el mandato que comienza?
—Un buen programa de relaciones con todas las instituciones, colegios profesionales, entidades y personas que están involucradas de una u otra forma en la Administración de Justicia es condición necesaria para cualquier tipo de actuación que resulte exitosa. A modo de ejemplo, convocaré con la frecuencia que las necesidades lo requieran la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial para aunar esfuerzos en la consecución de la más fluida relación entre los tribunales y el Cuerpo en aras de la investigación criminal y de la protección de víctimas, especialmente de las que provocan los delitos de violencia de género. Por ejemplo, el dialogo interno entre los magistrados de la Audiencia, a través de los «plenillos» no jurisdiccionales para unificar criterios, será pauta a seguir.
—Se habla mucho de la modernización de la Justicia, pero sigue pendiente. ¿Confía en que la Oficina Judicial llegue a ser una realidad?
—La Justicia ha sido siempre la eterna olvidada. Escasez de medios, penuria, leyes obsoletas, etcétera. Son lugares comunes en la Justicia, que no por dejan de ser ciertos. Hay juzgados en la provincia que tienen la misma plantilla de funcionarios que hace cuarenta años. Eso es una realidad que no podemos negar. Pero tampoco podemos desconocer que un simple aumento de personal vaya a solucionar los problemas. Coyunturalmente sí, y habrá que adoptar medidas mientras se implanta la nueva Oficina Judicial y se concreta otra distribución territorial de los órganos jurisdiccionales. Hay que tener en cuenta que la crisis económica impedirá su pronta y definitiva puesta en marcha. Entiendo que la Oficina Judicial se sustenta en un nuevo y necesario concepto de la prestación del servicio público de la Justicia. La optimización de los medios materiales y de los recursos humanos con la centralización de los servicios y el reagrupamiento de jueces para que la decisión judicial se aproveche de esa concentración es algo positivo, especialmente para acortar el tiempo de respuesta y el de su ejecución.
—Las obras de la Ciudad de la Justicia han comenzado después de más de diez años de atraso. ¿Qué valoración hace de esta infraestructura?
—Más vale tarde que nunca. O como diría el castizo nunca es tarde si la dicha llega. La valoración de esta infraestructura no puede ser más positiva. La dispersión de las nueve sedes judiciales por la geografía de la ciudad es un grave engorro para los profesionales de la Justicia y para los ciudadanos. Todos los órganos jurisdiccionales, Audiencia, Fiscalía, Instituto de Medicina Legal y demás organismos concentrados en un mismo edificio es ya una necesidad imperiosa. Sólo cabe esperar que los plazos de ejecución del proyecto se respeten y que el edificio tenga un diseño con vocación de futuro, de tal manera que permita asumir los cambios que se puedan producir en la estructura judicial.
—El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una plaza de magistrado. ¿Qué otros recursos materiales y humanos son necesarios?
—Han sido 108 plazas de magistrados de audiencias provinciales las que se crean en todo el territorio nacional. Desde luego Córdoba no ha sido la más beneficiada comparando el nivel de asuntos que ingresan en nuestra Audiencia con el de otras provincias. Con frecuencia se toma como parámetro para la dotación de personal el nivel de pendencia, y cuando éste es escaso o prácticamente nulo como ocurre en la Audiencia de Córdoba, todo el mundo repara en ello, pero no en el esfuerzo que hay detrás de ese logro.
—¿Cuáles son los problemas más importantes de la Justicia cordobesa?
—Aparte de algunos serios problemas de espacio para archivo, y de la conveniencia de establecer un sistema de Juzgado de Guardia de 24 horas, los menesteres más acuciantes en la capital se hallan en el Juzgado de lo Mercantil, en el de Familia y en los cuatro de lo Social. Estos juzgados soportan una carga de trabajo que excede, y en muchos casos duplica, la establecida como módulo asumible por el Consejo General del Poder Judicial. También están muy sobrecargados los de Primera Instancia, y algo menos los de lo Contencioso y Penal. El resto de órganos tienen una carga razonable. Así que no sería descabellada la idea de crear algunos juzgados nuevos y dotar de medidas de refuerzo a otros. Otro tanto ocurre en juzgados de la provincia, si bien aquí la necesidad de funcionarios es más apremiante.
—Una de las cuestiones más polémicas que afecta a la Justicia son las tasas judiciales. ¿Han servido para reducir la litigiosidad?
—La tasa en sí no es algo negativo. Casi todos los servicios públicos llevan aparejado el pago de una tasa. El gratis total se va volviendo cada día más inconcebible. Pero, claro, lo que no puede establecerse son tasas excesivas, y menos aún hacerse de modo universal, de tal manera que venga a pagar la misma tasa un particular de economía modesta que una potente compañía de seguros o una entidad bancaria, cuando éstas dos son precisamente las que más usan el servicio público de la Justicia. Esto ha de ser corregido. Además, las tasas no han hecho disminuir en absoluto la litigiosidad. A esta altura del año, ya se han registrado en la Audiencia los mismos asuntos que en todo el año 2013, y el incremento ha sido tanto en Penal como en Civil, donde precisamente se pagan tasas.
—Ahora deberá compatibilizar su labor como presidente de la Audiencia, de la Sección Tercera y como magistrado con la de escritor. ¿En qué proyectos trabaja?
—Lo voy a tener, desde luego, mucho más difícil, y he de aparcar esos proyectos. Está claro que ya no dispondré prácticamente de tiempo para inventar tramas de relatos o novelas. No obstante, en imprenta quedan dos libros de inminente aparición. Uno de ellos es una colección de relatos de misterio y suspense. Pero está claro que las musas y yo estaremos un tiempo divorciados.
