Rafael Gómez pide el pago a plazos de la multa de las naves de Colecor
Tras casi diez años de polémica, el presidente de UCOR usa tácticas dilatorias para evitar que el Consistorio pueda iniciar la subasta de sus bienes
A tiro de piedra de que se cumplan diez años de las primeras polémicas por la construcción y multa del complejo de Colecor —que data de mediados de 2005—, el presidente de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, ha tomado una decisión verdaderamente curiosa. Ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que no le cobre la multa de Colecor de una vez. De hecho, sus representantes legales han pedido a los servicios correspondientes y aplazamiento y fraccionamiento del pago de la sanción. Como si a estas alturas, estuviera dispuesto a abonar un euro de los 20 millones en los que el Tribunal Supremo fijó la sanción.
¿Quiere decir que Rafael Gómez está dispuesto a abonar la sanción a estas alturas? Más bien todo lo contrario. Todos los contribuyentes tienen derecho a plantearle a la Administración que estudie propuestas de pagos aplazados o personalizados como los que tienen lugar cuando se rellena el impreso del Impuesto sobre la Renta, que se puede pagar en dos tandas cuando sale a abonar. De hecho, el Consistorio está fomentando los planes tributarios personalizados para pagar en cómodos plazos. Aunque este no parece que sea la situación.
Para que se produzca un aplazamiento de la multa, es preciso garantizar financieramente que se va a pagar. Demostrarle al Ayuntamiento que se dispone de respaldo suficiente para pagar lo que se adeuda en tantas partes como se propone. Y eso es lo que falla en este caso. La representación legal del presidente de Unión Cordobesa no ha respaldado su propuesta con activos de cualquier tipo que permitan al Consistorio cobrarse en especie en el caso concreto de que se incumplan los periodos de fraccionamiento o aplazamiento de la sanción que se proponen.
Gómez hizo en el pasado un movimiento de estas características por medio de una figura que se llama hipoteca inmobiliaria. Destinó una serie de bienes para que el Ayuntamiento los ejecutase en el caso impago. Aquella sanción fue anulada por los tribunales al haber superado los doce meses de tramitación administrativa en una figura que se llama prescripción. El Consistorio tuvo que comenzar todos los trámites de nuevo. La actual es la tercera vez sanción que se deriva de la construcción sin licencia de las naves de Colecor, 40.000 metros cuadrados sin licencia de obras que a día de hoy no disponen siquiera del plan especial señalado en el PGOU para su desarrollo. Parte del complejo, el que se corresponde con las oficinas de Unión Cordobesa, se encuentra en uso gracias a una licencia provisional condicionada que se emitió por parte de Izquierda Unida.
La presentación de la petición de fraccionamiento de pago es, a grandes rasgos, una táctica dilatoria. En un periodo de tramitación normal, la sanción de Colecor tendría que haber pasado del periodo de voluntaria —cuando el deudor abona lo que debe sin presiones de la Administración— al de ejecutiva, que es cuando las cosas se suelen poner serias. Una petición de estas características obliga a los servicios municipales a paralizar los tiempos del procedimiento para estudiar y contestar el recurso en un plazo que suele durar unos sesenta días. De esta manera, la hacienda municipal tiene que demorar las medidas de fuerza contra el contribuyente que no paga lo que adeuda. Cuando se inicie el periodo de ejecutiva, es cuando los servicios de recaudación pueden empezar a ordenar la subasta de bienes. Gómez ha dicho en numerosas ocasiones que no va a pagar la multa. De hecho, ha llegado a bromear con el tema diciendo que iba a hacer el abono en «sansones machacaos», las chapas de las botellas de refresco con las que juegan los chavales.
Una comisión municipal conoce cada cierto tiempo los procedimientos que se siguen contra los grandes deudores, entre los que se encuentra Rafael Gómez. De hecho, la comisión se montó por el político de Cañero aunque por razones de confidencialidad se le dio un nombre genérico. Se creó para que el PP pudiera dar información a los partidos tras recibir críticas de trato de favor al presidente de Unión Cordobesa y líder de la oposición.
Por esa comisión, se sabe que el Ayuntamiento ha realizado una especie de investigación en bienes dentro y fuera del término municipal y que realizó, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujese la multa, una serie de embargos preventivos en inmuebles y fincas rústicas con el objetivo de realizar, en algún momento, el desarrollo de embargos. Esas inscripciones nunca se han retirado a pesar del fallo.
Pesimismo general
La realidad, sin embargo, es que los documentos técnicos son enormemente pesimistas sobre la capacidad de percibir ni un euro de la sanción. La razón, conocida, es que buena parte de esos bienes ya se encontraban embargados por bancos, cajas u otras administraciones cuando el Ayuntamiento llegó al Registro Mercantil a realizar sus inscripciones ya había cola para cobrar.
Aún así, existe un calendario de subastas preparado, que se comunicó a todos los grupos municipales, UCOR entre ellos. En total, el Ayuntamiento pretendía vender al mejor postor nueve activos —la fábrica de Agrogás, cocheras en Arenal Sierra, etcétera— y estudiaba diez más. Todas las subastas realizadas hasta el momento, como el antiguo matadero de Iccosa y toda la finca que se encuentra alrededor, han sido por otras deudas tributarias del líder de Unión Cordobesa pero no por la multa de Colecor. Los activos no enajenados se han quedado dentro del patrimonio municipal de suelo. Las propias naves saldrían a subasta, aseguraban los informes, aunque el Consistorio ocupa un lugar no preferente de cobro, que sigue manteniendo el banco que financió su construcción.
