No da garantías
Gómez pide el pago a plazos de la multa de Colecor
Tras casi 10 años de polémica, usa tácticas dilatorias para bloquear la subasta de sus bienes
A tiro de piedra de que se cumplan diez años de los primeros papeles de la construcción y multa del complejo Colecor -datan de mediados de 2005-, el presidente de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, ha tomado una decisión verdaderamente curiosa.
Sus representantes legales han pedido a los servicios correspondientes del Ayuntamiento el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la sanción (20 millones).
¿Quiere decir que Rafael Gómez está dispuesto a abonar la sanción a estas alturas? Más bien todo lo contrario. Todos los contribuyentes tienen derecho a plantearle a la Administración que estudie propuestas de pagos aplazados o personalizados como los que tienen lugar cuando se rellena el impreso del Impuesto sobre la Renta, que se puede pagar en dos tandas cuando sale a abonar.
Para que se produzca un aplazamiento de la multa, es preciso garantizar financieramente que se va a pagar. Demostrarle al Ayuntamiento que se dispone de respaldo suficiente para pagar lo que se adeuda en tantas partes como se propone. Y eso es lo que falla en este caso.
La representación legal del presidente de Unión Cordobesa no ha respaldado su propuesta con activos de cualquier tipo que permitan al Consistorio cobrarse en especie si se incumplen los periodos de fraccionamiento o aplazamiento de la sanción que se proponen.
La actual es la tercera vez sanción que se deriva de la construcción sin licencia de las naves de Colecor, 40.000 metros cuadrados sin licencia de obras que a día de hoy no disponen siquiera del plan especial señalado en el PGOU para su desarrollo.
La presentación de la petición de fraccionamiento de pago es, a grandes rasgos, una táctica dilatoria. En un periodo de tramitación normal, la sanción de Colecor tendría que haber pasado del periodo de voluntaria -cuando el deudor abona lo que debe sin presiones de la Administración- al de ejecutiva, que es cuando las cosas se suelen poner serias.
Una petición de estas características obliga a los servicios municipales a paralizar los tiempos del procedimiento para estudiar y contestar el recurso en un plazo que suele durar unos sesenta días. De esta manera, la hacienda municipal tiene que demorar las medidas de fuerza contra el contribuyente que no paga lo que adeuda. Cuando se inicie el periodo de ejecutiva, es cuando los servicios de recaudación pueden empezar a ordenar la subasta de bienes.
Además, Gómez ha dicho en numerosas ocasiones que no va a pagar la multa. El Ayuntamiento ha realizado una especie de investigación en bienes dentro y fuera del término municipal y que realizó, antes de que el Tribunal Superior de Justica de Andalucía (TSJA) redujese la multa a 20 millones, una serie de embargos preventivos en inmuebles y fincas rústicas con el objetivo de realizar, en algún momento, el desarrollo de embargos. Esas inscripciones nunca se han retirado a pesar del fallo del alto tribunal.
Pesimismo general
La realidad, sin embargo, es que los documentos técnicos son enormemente pesimistas sobre la capacidad de percibir ni un euro de la sanción. La razón, conocida, es que buena parte de esos bienes ya se encontraban embargados por bancos, cajas u otras administraciones cuando el Ayuntamiento llegó al Registro Mercantil a realizar sus inscripciones ya había cola para cobrar.
Aún así, existe un calendario de subastas preparado. Todas las subastas realizadas hasta el momento, como el antiguo matadero de Iccosa y toda la finca que se encuentra alrededor, han sido por otras deudas tributarias del líder de Unión Cordobesa pero no por la multa de Colecor. Los activos no enajenados se han quedado dentro del patrimonio municipal de suelo.
Las propias naves saldrían a subasta, aseguraban los informes, aunque el Consistorio ocupa un lugar no preferente de cobro, que sigue manteniendo el banco que financió su construcción.
