Objetivo: reducir los 18 meses de obras del Centro de Convenciones

El Centro de Ferias y Convenciones es el proyecto estrella del gobierno municipal y un equipamiento largamente demandado por el sector turístico. Y el Ayuntamiento buscará darle la mayor velocidad posible: quiere que se construya en menos tiempo de los 18 meses previstos. Para ello, en la adjudicación de las obras se «primará el compromiso» de reducir ese periodo de año y medio. Así lo anunció ayer el alcalde, José Antonio Nieto.

El regidor explicó que es «probable» que los trabajos de reforma del pabellón del Parque Joyero para su transformación en el espacio congresual y ferial de la ciudad se «puedan hacer en menos tiempo» de los en torno a 18 meses de plazo que maneja Capitulares. Incidió en esta cuestión para advertir de que se ha hecho un cálculo «generoso» del tiempo necesario para realizar las obras.

Y avanzó que uno de los criterios para adjudicar la remodelación del inmueble del recinto fabril será «primar el compromiso de ejecutarla con mayor brevedad» que los referidos 18 meses.

Cuando este equipamiento abra sus puertas -el gobierno local prevé poner la primera piedra el primer semestre de 2015 (y a ser posible espera que se coloque antes de las municipales)-, el alcalde destacó que la ciudad tendrá un espacio de en torno a 8.000 metros cuadrados que acogerá todo tipo de congresos o ferias, gracias a su «versatilidad».

Por último, indicó que allí se podrán celebrar conciertos para un máximo de 5.000 espectadores. Ahora, la ciudad tiene serios problemas para recibir grandes eventos musicales, ya que, por motivos de seguridad, el pabellón de Vista Alegre no puede acogerlos y la Plaza de Toros se encuentra en un impasse a la espera de ver si necesita acometer algún tipo de reforma después de que la Gerencia de Urbanismo no autorizara la celebración allí en septiembre de un concierto de Malú.

El futuro Centro de Ferias y Convenciones tiene un presupuesto de 12 millones, de los que, además de la aportación principal del Ayuntamiento, la Diputación pondrá entre uno y tres millones -más cerca de lo primero- y el Gobierno central, unos tres.