El TC suspende el simulacro consultivo del 9-NContra la desobediencia, la fuerza de la ley
La admisión por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Gobierno contra el simulacro consultivo de la Generalitat agotó ayer el recorrido legal –si es que alguna vez lo tuvo– de la farsa organizada por el separatismo catalán y patrocinada por Artur Mas. No hay vuelta atrás en una decisión judicial que de manera definitiva sitúa fuera de la ley a quienes participan en un proceso secesionista que ni siquiera puede ser tolerado en su versión informal y chirigotera, ese plan B que, presuntamente guiado por la astucia, se sacó de la manga el presidente autonómico hace un par de semanas. Nada más pronunciarse el Constitucional, fue Francesc Homs el encargado de comparecer en Barcelona para hacer de la desobediencia el gesto identitario y ya oficial del Gobierno al que representa. No hay libertad de expresión que ampare un delito que la Generalitat comete, ya de forma flagrante, al anunciar que seguirá adelante con su campaña informativa y con la instalación de las urnas. También la red diplomática de la Generalitat en el exterior mantiene su actividad, centrada en una consulta que no solo es ilegal, sino que sitúa al margen de la ley a todos los que intervengan en su desarrollo. No es el Gobierno el que tiene ya que actuar, sino el propio Estado de Derecho el que, con todos los medios previstos por la ley, ha de defenderse para neutralizar la acción de una Generalitat que trata de destruirlo.
